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Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel 2 y agrava la alerta por reclutamiento forzado de menores

Washington mantuvo al país en la lista por trata de personas y señaló fallas en investigaciones, juicios y condenas. También advirtió que el reclutamiento de menores por grupos armados siguió en aumento.
jueves 8 de octubre de 2026 · 22:18 UTC

Confirmado. Estados Unidos mantuvo a Colombia en el nivel 2 de su clasificación anual sobre trata de personas.

El Departamento de Estado concluyó que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito. Aun así, reconoció esfuerzos significativos durante 2025.

El informe destacó más identificación de víctimas. También señaló más cooperación con gobiernos extranjeros en investigaciones y repatriaciones. Además, mencionó más recursos para prevención y medidas legales para usar testimonios pregrabados de niños víctimas.

Pero Washington dijo que los resultados siguieron siendo insuficientes. Según el reporte, durante 2025 bajaron las investigaciones, los procesamientos y las condenas por trata de personas.

La Fiscalía General reportó 419 investigaciones de casos sospechosos, frente a 429 del año anterior. También procesó a 11 sospechosos por trata sexual. Los tribunales condenaron a nueve traficantes.

El documento cuestionó además que, por octavo año consecutivo, no se llevara a juicio ningún caso de trata laboral. Washington atribuyó parte del problema a falta de capacitación especializada y a limitaciones institucionales.

La mayor alarma recayó sobre el reclutamiento forzado de menores. El informe sostuvo que el número estimado de víctimas aumentó significativamente. También criticó que las autoridades no tomaran medidas proporcionales.

Según el reporte, las autoridades estiman que más de la mitad de los 3.300 nuevos reclutas incorporados entre diciembre de 2024 y julio de 2025 eran menores de edad. El Catatumbo habría tenido un incremento del 700 % en esos casos.

El Departamento de Estado también expresó preocupación por posible corrupción y complicidad de funcionarios públicos. El Gobierno colombiano no reportó nuevas condenas ni procesamientos contra servidores públicos presuntamente involucrados.

Colombia necesita resultados, no solo coordinaciones. La cifra de víctimas identificadas sube, pero el aparato estatal sigue fallando donde más importa: investigación, juicio y condena.

La alerta sobre menores es la más grave. Cuando el reclutamiento crece y la justicia no alcanza, pierde la protección de los niños y gana el crimen armado. Eso erosiona el orden y castiga a las familias más vulnerables.

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