CHILE (Pulso) — Los grandes conglomerados económicos buscan ratificar su última victoria ante la Corte Suprema. La disputa nació tras el recurso de reclamación y el recurso de queja interpuestos por Conadecus contra el fallo del TDLC.
El 3 de septiembre, el TDLC rechazó la propuesta de Conadecus de establecer límites a los grupos económicos. También acogió la propuesta de aumentar la información sobre los beneficiarios finales.
Bicecorp y Minera Valparaíso, del grupo Matte, pidieron declarar inadmisible el recurso de queja. Sostuvieron que la atribución del TDLC es no jurisdiccional. Alfredo Alcaíno dijo que esa atribución «no se transforma en jurisdiccional por el solo hecho de encontrarse sometida a un procedimiento regulado por la ley».
Banco de Chile también pidió rechazar la ofensiva. Dijo que la proposición normativa «no es una resolución judicial ni una sentencia». La definió como una recomendación técnica que el Presidente puede adoptar o no.
Consorcio Financiero pidió lo mismo. Además, recordó que la resolución reclamada se notificó a Conadecus el 3 de septiembre de 2026 y que el recurso se presentó recién el 28 de septiembre de 2026. Con ese plazo vencido, pidió declarar inadmisible el recurso.
Falabella también solicitó hacerse parte en el proceso. Cuestionó reclamos extemporáneos de Conadecus. Afirmó que varias decisiones ya habían quedado firmes entre 2024 y 2025. También sostuvo que ninguno de esos cuestionamientos alteró el resultado final.
La pelea llega a la Corte Suprema con un trasfondo claro. Está en juego el alcance de una intervención sobre conglomerados económicos y el peso de una recomendación técnica frente a la presión regulatoria.
Para el mercado, el caso importa porque define certezas. Si la Corte cierra la puerta a recursos fuera de plazo, gana previsibilidad. Si abre la vía, gana más poder la litigación sobre decisiones que, según los escritos, no son sentencias.