ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Confirmado: el viernes 20 de noviembre vence la suspensión de 14 días concedida por el Noveno Circuito a petición del gobierno estadounidense. Después de esa fecha, el TPS para venezolanos podría volver a entrar en vigor.
El contexto es de idas y vueltas. El 5 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo que confirmaba que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente. El caso regresó a la Corte de Apelaciones.
El 30 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida cautelar del Distrito Norte de California. Esa medida abría la posibilidad de restablecer el TPS desde el 6 de noviembre.
El 3 de noviembre, el tribunal retiró su orden del 30 de octubre y concedió al Gobierno una suspensión administrativa de 14 días. Durante ese plazo, procesará los alegatos de la apelación con un calendario acelerado.
Escenarios para el 20 de noviembre
Primer escenario: si el Noveno Circuito no concede una nueva extensión del bloqueo, entraría en vigor el fallo del Distrito Norte de California. Eso permitiría avanzar hacia el restablecimiento del TPS.
Segundo escenario: si el tribunal rechaza mantener congelada la medida mientras dure la apelación, la administración Trump podría pedir una solicitud de emergencia a la Corte Suprema para pausar los efectos del fallo californiano.
Según el abogado de inmigración Héctor Benítez, en diálogo con LA NACION, «la probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta». Añadió que, aunque sea de manera temporal, es bastante probable.
Lectura de la casa
El TPS es un permiso temporal, no una residencia. Su destino depende de cada administración y de cada tribunal. Esa es la razón de fondo de la advertencia de Benítez: el beneficio expone a las familias a los cambios de gobierno.
Desde una mirada de libre mercado y respeto al estado de derecho, el punto no es solo quién gana el pleito. Es que millones de decisiones personales —empleo, vivienda, estudios— quedan atadas a plazos judiciales de semanas. Esa incertidumbre tiene costo para quien la vive y para quien contrata.
Benítez recomienda buscar vías permanentes, como las peticiones laborales y familiares. Señala que países como El Salvador u Honduras acumulan 20 o 25 años de beneficiarios en limbo sin estabilidad definitiva. La lección que propone para la comunidad venezolana es no repetir ese patrón.



