COLOMBIA (Pulso) — Colombia formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. La firma se realizó en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA.
El acto contó con la participación del embajador Alejandro Ordóñez Maldonado y de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría ejecutiva del mecanismo. La Cancillería explicó en X que la adhesión «no modifica por sí misma la legislación colombiana».
Según el Gobierno, la decisión responde a una postura diplomática del presidente Abelardo de la Espriella. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el paso «amplía nuestras alianzas y fortalece la cooperación internacional» en torno a esos principios.
Ordóñez afirmó que el Consenso de Ginebra es una declaración política de 47 estados. Dijo también que sus firmantes reconocen «que no existe un derecho internacional al aborto y que los estados no tienen la obligación de promoverlo o facilitarlo».
El diplomático agregó que la adhesión «no tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos». Señaló además que los temas jurídicos se definen según cada ordenamiento nacional.
La declaración, surgida en 2020, fija directrices para coordinar posiciones en foros internacionales sobre salud pública, derechos de las mujeres y familia. Entre sus puntos, rechaza la promoción del aborto como método de planificación familiar y deja su regulación al proceso legislativo de cada país.
También reafirma la soberanía nacional y la familia como unidad fundamental y natural de la sociedad. Además, insta a asignar recursos públicos para proteger maternidad, infancia y nutrición en sectores vulnerables.
El movimiento importa porque pone a Colombia en una coalición que prioriza soberanía, familia y legalidad nacional. Para la casa, el dato central es claro: el Estado no cedió más poder interno, pero sí tomó partido en una disputa internacional de principios.
Ese alineamiento beneficia una agenda de orden institucional y defensa de la soberanía. También manda una señal política sobre el rol del aparato estatal: no expandir derechos por vía diplomática sin pasar por la ley colombiana.