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Bolsonaro pide a la Corte Suprema autorizar la visita de su hijo antes del balotaje

El expresidente busca una autorización especial para recibir a Flávio Bolsonaro, tras la prohibición de visitas impuesta en julio. La decisión vuelve a poner bajo la lupa las restricciones judiciales sobre el líder ultraderechista.
martes 6 de octubre de 2026 · 15:43 UTC

Confirmado. Jair Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil que restablezca su régimen ordinario de visitas. Quiere recibir a su hijo Flávio Bolsonaro antes del fin de semana.

Bolsonaro cumple prisión domiciliar por una condena de 27 años por golpismo. La solicitud busca una autorización especial, de carácter «exclusivamente familiar», si el Supremo no levanta antes la restricción.

La defensa sostiene que «ya no se muestra necesaria la manutención de un régimen excepcionalmente restrictivo de visitas». Afirma que desde la prohibición no hubo nuevos episodios que justifiquen mantenerla.

Según la información publicada, a Flávio Bolsonaro le prohibieron visitar a su padre por 90 días desde julio pasado. La medida se adoptó tras incumplir medidas cautelares impuestas al exmandatario.

De acuerdo con EFE, Alexandre de Moraes tomó la decisión luego de que se divulgara en internet una carta de Bolsonaro en apoyo a su candidatura presidencial. En ese momento, el ex jefe de Estado tenía prohibido participar directa o indirectamente en actividades políticas en redes sociales.

La defensa presentó el pedido un día después de que Flávio Bolsonaro avanzara al balotaje presidencial con 47% de los votos. Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 45% en la primera vuelta.

El caso exhibe algo más que una disputa familiar. Muestra el peso real de las restricciones judiciales sobre un exmandatario condenado. También recuerda que el poder político no lo resuelve todo. La ley sigue marcando el límite.

Para el lector, el punto de fondo es claro. Cuando la justicia impone reglas, debe sostenerlas con la misma firmeza para todos. Eso protege el orden institucional y evita privilegios. También reduce el costo de la impunidad para el contribuyente y para el Estado de derecho.

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