COLOMBIA (Pulso) — Confirmado: María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, señaló públicamente a quienes, según ella, ordenaron el asesinato.
Lo dijo durante el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad. Según Tarazona, el foco no debe estar solo en la Segunda Marquetalia.
La disidencia de las Farc, al mando de alias Iván Márquez, está bajo la lupa como perpetradora del magnicidio. Tarazona fue contundente sobre su papel: «fueron organizadores, fueron los logísticos y fueron quienes financiaron».
Sin embargo, fue más allá. Afirmó que quienes dieron la orden fueron, presuntamente, el «narcopresidente» Gustavo Petro y el «narcodictador» Nicolás Maduro.
En esta etapa, la conclusión corresponde a la Fiscalía. Tarazona expresó su deseo de que el país llegue «muy pronto» a esa conclusión «de la manera correcta y judicialmente como debe ser».
Es importante distinguir: estas acusaciones son señalamientos de Tarazona. No son hechos establecidos por una decisión judicial.
El evento donde habló es el Primer Simposio de Seguridad, organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de su Escuela de Formación Miguel Uribe Turbay, en alianza con la Universidad de La Salle. Según la información, el objetivo es abrir un diálogo técnico sobre los desafíos de protección y orden público en Colombia.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca posicionar el simposio como uno de los escenarios de discusión más relevantes del año en estas materias.
En el lanzamiento participaron Gerardo Botero, director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad de La Salle, y Fabio Andrés Barreto, director de formación encargado de la Escuela Miguel Uribe Turbay.
Recordemos el contexto: Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado armado el 7 de junio de 2025, durante un evento de campaña. Murió el 11 de agosto de 2025, tras dos meses en cuidados intensivos.
Desde la línea de Pulso Global, el punto central es el costo institucional de cualquier acusación sin sentencia: el dinero de los contribuyentes financia un aparato de seguridad que debe responder con pruebas, no con consignas. Que la Fiscalía haga su trabajo es la única vía que garantiza justicia para la familia Uribe y certeza para el país.



