ESPAÑA (Pulso) — Un trabajador de la empresa postal Correos denunció que se prepara un fraude electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en España. Pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias laborales.
El empleado habló con LA GACETA y afirmó: «Parece que se está cociendo un pucherazo». Según su relato, desde agosto los dispositivos electrónicos (PDA) que usan los carteros incorporan una aplicación relacionada con MiDNI, el sistema de identificación digital que podría usarse en los comicios.
Aportó fotografías de las terminales. En ellas aparece una aplicación de la Policía Nacional para escanear códigos QR y comprobar documentos de identidad, además de un apartado llamado «DISPOSITIVOS ELECCIONES», con secciones codificadas como D001, D002 y D003.
El trabajador aseguró que no recibió explicaciones sobre esas funciones. «No hemos recibido instrucciones sobre eso», señaló. Según su relato, los superiores le indicaron que siguiera trabajando con el grupo habitual.
El contexto operativo incluye la distribución de más de 60.000 dispositivos de lectura QR entre las mesas de votación a través de Correos. La Junta Electoral Central autorizó el uso de MiDNI para acreditar la identidad de los electores.
El empleado también describió un volumen inusual de notificaciones administrativas relacionadas con nacionalizaciones y asuntos migratorios durante las últimas dos semanas. Mencionó la entrega de alrededor de 20 notificaciones a una mujer española, vinculadas con la Seguridad Social y cuestiones migratorias. «A saber si esas personas están siquiera en España», expresó.
Por último, afirmó que los responsables de su centro mantienen reuniones frecuentes sobre las elecciones. «No sé qué quieren hacer ni quién estará detrás de las PDA ese día», advirtió.
Lo que se sabe: son observaciones y sospechas personales del trabajador. No acreditan por sí mismas una manipulación del padrón, del escrutinio ni de los resultados. El reclamo de una vigilancia exhaustiva de los procedimientos electorales es suyo, y así debe leerse.
Desde la óptica de la libre empresa y del dinero de los contribuyentes, el dato que pesa es el costo y el control de un operativo estatal que depende de una empresa pública y de herramientas digitales de identificación. Cuando el aparato estatal amplía su injerencia en el voto, el ciudadano tiene derecho a exigir transparencia sobre qué hace cada dispositivo y quién lo controla.
Dicho esto, una denuncia anónima sin verificación no equivale a un hecho probado. La exigencia de transparencia no debe confundirse con afirmar un fraude que no está documentado.



