ESPAÑA (Pulso) — Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre. La decisión llegó tras el fracaso en el Congreso de sus decretos para enfrentar la crisis de la vivienda.
Desde La Moncloa, el presidente reconoció errores y admitió que no logró cumplir todo lo prometido. También dijo que quedan injusticias por corregir, sobre todo en desigualdad, servicios públicos y acceso a la vivienda.
El fin de semana hubo protestas en varias ciudades. Miles de personas salieron a pedir más protección para los inquilinos. El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenó la ola de indignación. Según BBC, ella pudo volver a su casa tras un acuerdo con la empresa propietaria.
La Cámara baja rechazó dos decretos. El primero incluía la suspensión de desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados fondos buitre. El segundo contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler.
El rechazo tuvo apoyo de PP, Vox y Junts, según las fuentes. Sánchez había informado antes al rey Felipe VI y luego formalizó el adelanto electoral en una comparecencia institucional.
El movimiento abre una campaña marcada por la vivienda y por el pulso entre Estado y mercado. Sánchez intenta capitalizar el malestar social, pero el revés parlamentario muestra los límites de más intervención y más burocracia.
También queda expuesto el costo político de convertir el problema habitacional en terreno de promesas estatales. Cuando el Congreso bloquea la ingeniería regulatoria, el debate vuelve al punto central: oferta, incentivos y seguridad jurídica. Allí se juega la salida real para los inquilinos y para el dinero de los contribuyentes.