COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, radicó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, contra el presidente Abelardo de la Espriella.
La denuncia cuenta con el respaldo de cerca de 60 congresistas, entre representantes y senadores. Según Toro, el Gobierno incurrió en presuntas vulneraciones durante sus 100 días de mandato.
El primer punto es el terremoto del 10 de agosto. Toro afirmó que, pasados más de tres meses, persiste una «ausencia» de respuestas efectivas para las familias afectadas. Exige «claridad sobre el manejo y la ejecución» de los recursos públicos destinados a damnificados y reconstrucción.
El Gobierno presentó cifras propias. Según el presidente, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se aprobaron más de $343.513 millones en apoyos económicos. El Fondo Milagro avanza con un programa de intervenciones urgentes por $624.000 millones. De la Espriella reconoció problemas: «Claro, por supuesto».
El segundo punto es la protesta social. Toro alertó sobre presuntos riesgos de persecución y criminalización de quienes se movilizan. La denuncia menciona el Decreto 1525 de octubre, que modificó las reglas para el ejercicio de la protesta. Las marchas contra la reforma tributaria están convocadas para el jueves 19 de noviembre.
El tercer punto son los bombardeos. Según el escrito, en operaciones de la fuerza pública en Guaviare, Norte de Santander y Arauca había presencia de menores de edad. El Ministerio de Defensa reportó nueve bombardeos en 100 días, con 69 muertos. Según el ministro Jorge Mora, entre ellos hubo un menor de edad recuperado en Miraflores, Guaviare.
Toro pide que el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado investiguen de forma independiente, reparen a las víctimas y garanticen que no se repitan los hechos.
Lectura editorial. Para el contribuyente, el punto que pesa es el dinero: más de $967.000 millones anunciados para damnificados exigen resultados visibles, no solo cifras en un discurso. Una denuncia internacional obliga al Estado a justificar cada peso con trazabilidad. La libertad de protesta es un principio básico de cualquier democracia de mercado, y cualquier restricción debe ser clara y proporcional. Y la defensa del Estado no puede servir de excusa para la opacidad.
Hasta ahora, ni el Gobierno nacional ni los voceros del Consejo de Derechos Humanos han emitido pronunciamiento oficial sobre la denuncia.



