PERÚ (Pulso) — La tasa especial para determinadas micro y pequeñas empresas del sector restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos bajó a 8% de IGV más 2,5% de IPM. Eso equivale a una carga total de 10,5% en 2026.
Pero esa medida vence en 2026. Desde 2027, el IGV pasaría a 12%.
La pregunta de fondo es otra: si el impuesto baja, ¿por qué el plato no necesariamente sale más barato? Juan Santivañez, experto en contabilidad y tributación y socio de BKR - Santivañez, dice que hay que separar el beneficio tributario de la fijación del precio final.
Según Santivañez, la norma no establece que los restaurantes deban reducir sus precios en la misma proporción del menor impuesto. La lógica económica, sin embargo, buscaba una reactivación del sector.
El especialista dio un ejemplo. Si un plato vale S/100, con IGV de 18% el consumidor paga S/118. Con una carga tributaria de 10,5%, el mismo plato tendría un precio de S/110,50. La diferencia sería de S/7,50.
Santivañez sostuvo que, legalmente, el restaurante no está obligado a trasladar ese ahorro al consumidor. También recordó que los precios dependen de alimentos, alquileres, personal, servicios, logística y márgenes.
El Congreso anterior había aprobado un dictamen para ampliar la reducción hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida fue promulgada originalmente en 2022 tras la pandemia.
José Arista, entonces ministro de Economía, se mostró en contra. Según su versión, no hubo mayor beneficio para la formalización y sí un aumento en los precios.
En el fondo, el debate revela un problema clásico del gasto y la tributación: el alivio fiscal no garantiza menor precio si el Estado deja espacio a la discrecionalidad. El contribuyente termina financiando un beneficio cuya transmisión al consumidor no está asegurada.
La discusión también expone el límite de estos incentivos sectoriales. Si el objetivo era reactivar, el resultado debería medirse en competencia, consumo y empleo, no solo en la recaudación que deja de entrar al aparato estatal.