MÉXICO (Pulso) — Confirmado. El esquema de precios máximos del gas LP enfrenta una nueva prueba hacia el cierre de 2026.
El costo de adquisición del combustible subió y redujo los recursos disponibles para distribuirlo. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) encendió las alertas.
Según Amexgas, siete de cada diez litros de gas LP consumidos en México provienen del extranjero. Las empresas compran buena parte del combustible a precios internacionales. Sin embargo, sus ingresos están sujetos a los precios máximos que publica semanalmente la Comisión Nacional de Energía (CNE).
A la presión se suma la caída de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su producción de gas LP pasó de alrededor de 90 mil barriles diarios en enero a 74.9 mil en septiembre. Es una contracción de 16.8%. Las empresas deben importar cada vez más.
La referencia del propano en Mont Belvieu, Texas, acumuló un alza cercana a 67% entre agosto y octubre de 2026. El precio máximo promedio autorizado al consumidor en México subió 8.6%. La brecha es la que preocupa a los distribuidores.
En la segunda semana de noviembre, el margen operativo reconocido para la distribución fue de 5.27 pesos por kilogramo. La referencia de este año es de 6.06 pesos.
«El margen operativo permite pagar salarios y prestaciones de los trabajadores, adquirir combustible para el reparto, dar mantenimiento y reponer equipos, así como pagar pólizas de seguro, entre otros gastos; no equivale a la utilidad neta», dijo Amexgas en un comunicado del 17 de noviembre.
Amexgas advierte que las empresas podrían revisar la viabilidad de sus recorridos. Pide revisar los componentes del esquema de precios máximos y las condiciones fiscales del sector.
El gas LP lo usan aproximadamente tres cuartas partes de los hogares mexicanos. Con el aumento estacional del consumo en invierno, la cobertura del servicio dependerá de los costos y de las decisiones regulatorias.
Lectura editorial: un tope de precios que no sigue el costo real de importar transfiere la presión a quien distribuye. Cuando el margen se achica, el riesgo para el abasto recae en los hogares que dependen del cilindro. El control de precios no elimina la escasez; la traslada al consumidor en forma de faltantes en localidades alejadas.
El caso expone una contradicción de fondo: un mercado con la mayoría del producto importado opera bajo un precio fijado desde el aparato estatal. La solución de largo plazo pasa por reglas que dejen que la oferta responda al costo, y no por ajustes parciales que se revisan cada semana.



