ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. El litigio por YPF se disputó también en los pasillos del poder en Washington.
Según registros presentados ante autoridades estadounidenses, OnMessage Public Strategies se registró como lobista de Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick, estudio que representa a Petersen Energía y a Eton Park. Abrió dos expedientes, uno por cada demandante.
La firma declaró ingresos por US$250.000: US$110.000 vinculados a Petersen y US$140.000 a Eton Park. Los formularios consignan gestiones ante la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente y ambas cámaras del Congreso.
No hay identificación de funcionarios ni de lo que se les pidió. Hay, sí, declaración de gestiones y vínculo expreso con el caso YPF.
La tarea quedó en manos de Tommy Binion. Fue director legislativo del exrepresentante Steve King y vicepresidente de relaciones con el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Heritage Foundation, con llegada al Partido Republicano y al entorno de Donald Trump.
El calendario importa. OnMessage se registró 23 días antes de que la Cámara de Apelaciones revocara, el 27 de marzo de 2026, la condena de US$16.100 millones contra la Argentina y dejara sin efecto la orden de entregar las acciones de YPF. La representación de Petersen y Eton Park terminó el 1 de junio.
El 22 de julio, OnMessage registró formalmente a Burford Capital, que financió el litigio, y volvió a asignar a Binion.
Del lado argentino, FGS Global fue contratada el 22 de mayo de 2025 para asesorar al Ministerio de Economía. El acuerdo fijó un pago inicial no reembolsable de US$60.000 por 30 días, con honorarios por hora después. Sullivan & Cromwell firmó en nombre del Estado.
Los documentos presentados bajo la ley FARA muestran 267 registros de contacto entre el 6 de junio de 2025 y el 28 de enero de 2026. Reuters y Reuters Breakingviews concentraron 46; Bloomberg, 38; The Wall Street Journal, 32; Financial Times, 23. No son 267 periodistas distintos: incluyen correos repetidos, llamadas y reuniones.
La pregunta de fondo es simple. Cuando un Estado paga a una consultora para moldear la conversación pública, y el acreedor paga a un lobista para tocar la puerta del Congreso, el costo final lo absorbe el contribuyente. Esa es la lectura que corresponde a una economía de libre mercado: la expropiación de una petrolera, con sus consecuencias judiciales, se convierte en un negocio para estudios, consultoras y operadores de Washington.
En Pulso Global seguiremos la reacción de las partes y del Ministerio de Economía.


