ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023, firmado por Javier Milei al inicio de su mandato.
El fallo invalida las disposiciones que eliminaban las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las prepagas. Es un nuevo caso en una lista corta.
Desde la reforma constitucional de 1994 hasta fines de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Solo en 18 ocasiones la Corte declaró inconstitucional su contenido, según un relevamiento de Gustavo Arballo, doctor en Derecho y constitucionalista.
Los números importan. Alberto Fernández firmó 179 DNU, Cristina Kirchner 81 y Mauricio Macri 71. Hasta este jueves, Milei y Kirchner compartían una condición: todos sus decretos seguían vigentes. Ahora, esa condición la ostenta sola la expresidenta.
El tiempo jugó a favor del Gobierno. Según Arballo, la mediana entre la firma de un decreto y su invalidación fue de 48 meses, es decir, un mandato presidencial completo. En el caso del megadecreto, transcurrieron casi tres años. Durante ese período la norma siguió vigente, aunque el Senado la había rechazado en marzo de 2024.
Con este fallo, Milei integra el grupo de cinco presidentes que recibieron un revés judicial mientras seguían en el poder. Los otros son Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández.
Según Arballo, la Corte combina una retórica de fuerte control con una práctica que deja amplio margen al Poder Ejecutivo. Para el especialista, ese esquema estimula el uso de los DNU.
El tribunal se apoyó en un argumento concreto. Según la constitucionalista Lorena González Tocci, la Corte consideró que invocar una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas era una afirmación genérica, insuficiente para justificar una herramienta excepcional.
También cuestiona los decretos llamados «ómnibus». Según González Tocci, reúnen reformas sobre materias sin relación entre sí y modifican numerosas leyes. Para ella, ese solo hecho demuestra que no había necesidad ni urgencia, y que la tarea podía haberla hecho el Congreso.
El fallo aclara que no se pronuncia sobre el resto del megadecreto. Pero el razonamiento, advierten Arballo y otros especialistas, podría proyectarse sobre otras partes.
Lectura editorial: el caso va más allá de las prepagas. Cuando el Ejecutivo gobierna por decreto sin justificar la urgencia, el costo lo termina pagando el usuario y el contribuyente, y el Congreso queda al margen. Para el lector que defiende el libre mercado, la pregunta de fondo es si la desregulación debe hacerse por la vía legislativa, con debate público, y no por atajos que, según la Corte, carecen de sustento concreto.



