ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la prisión perpetua contra Diego Valentín Cravero, acusado de asesinar a Pablo Ruiz, expolicía de 55 años.
El fallo lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Rechazaron el recurso de la defensa por incumplimientos formales en la presentación.
El crimen ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre de 2020, en el barrio Observatorio de Córdoba capital. Ruiz circulaba en moto cuando dos asaltantes, también en moto, lo interceptaron.
Según la investigación, los agresores se cruzaron en su recorrido para hacerlo caer. Intentaron quitarle el celular y la mochila. Ruiz se resistió. Uno de ellos disparó dos veces, y luego le dispararon otras dos. La víctima murió durante el asalto.
Dos días después, el celular robado volvió a activarse. La pesquisa determinó que un tercer involucrado lo había entregado a una mujer. Esa pista derivó en allanamientos y en la detención de los dos autores materiales y del hombre que hizo circular el teléfono.
Un jurado popular de la Cámara V del Crimen condenó a Cravero, conocido como «Negro Diego», y a Gabriel Sebastián Murúa, alias «Negro Chucky», a prisión perpetua por robo calificado con arma de fuego y homicidio criminis causae. Esa figura abarca los asesinatos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito.
Mario Raúl Bustos, el tercer acusado, recibió tres años y tres meses de prisión por encubrimiento agravado.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ya había confirmado la sentencia. La defensa intentó llegar a la Corte con un recurso de queja, que fue desestimado porque no cumplía los requisitos de la acordada 4/2007.
Lectura editorial: el caso muestra el costo que pagan los ciudadanos cuando el delito callejero se vuelve letal. Un expolicía fue asesinado por resistirse a dar su celular, y la respuesta de la Justicia llegó años después, tras una cadena de recursos. Para el lector de libre mercado, la pregunta de fondo es cuánto cuesta la inseguridad en vidas, en tiempo judicial y en confianza en las instituciones.
El fallo también reafirma un principio básico: la propiedad y la integridad de las personas deben estar protegidas por un Estado de derecho que funcione sin demoras.



