ECUADOR (Pulso) — Confirmado. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió este jueves en Quito con el presidente Daniel Noboa.
Hegseth ratificó el apoyo de Washington a la lucha de Ecuador contra el narcoterrorismo. Lo anunció en su cuenta de X.
Según Hegseth, hablaron de «hacer frente a las amenazas narcoterroristas» y de reforzar la seguridad fronteriza. Ecuador, dijo, «ha marcado el ritmo» dentro de la Coalición de las Américas contra carteles (A3C).
El encuentro se realizó en el palacio de Carondelet. El Gobierno ecuatoriano aún no ha revelado detalles.
El respaldo se suma a acuerdos recientes. El 10 de noviembre, la Fiscalía ecuatoriana y el FBI firmaron un memorando de entendimiento contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. El 12 de noviembre, la Armada de Ecuador incorporó una segunda lancha guardacostas donada por Estados Unidos en lo que va del año.
El otro lado de la cooperación. Entre agosto y septiembre, militares estadounidenses bombardearon embarcaciones de pescadores ecuatorianos. Las vincularon con el presunto abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico. Varios de esos pescadores fueron declarados inocentes por la Justicia ecuatoriana.
El martes, 17 pescadores presentaron una demanda ante una corte federal en Pensilvania contra el Gobierno de Trump. Según el escrito revisado por EFE, los acusan de un ataque con drones militares contra su barco, de secuestro y de tortura. Piden compensación y que se ponga fin a estos ataques en el Caribe y el Pacífico.
Lectura de la casa. Para el contribuyente de libre mercado, el dato clave es el costo de la alianza. Cada lancha, memorando y operación pesa sobre recursos públicos, y el Estado que actúa en el mar debe rendir cuentas por cada disparo. La soberanía ecuatoriana gana respaldo, pero el orden se construye con reglas claras, no con operaciones que terminan en demandas.
El principio en juego es la propiedad y el debido proceso. Que un barco pesquero sea atacado con drones sin prueba firme supone un riesgo para cualquier empresario que trabaje en el Pacífico. Esa es la pregunta que el gobierno de Trump tendrá que responder ante la corte.


