GUATEMALA (Pulso) — Más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil y guardias del Sistema Penitenciario ingresaron este viernes al centro de detención Los Jocotes, en Zacapa, para requisar el penal. La revisión busca teléfonos celulares, armas y otros objetos prohibidos.
La intervención es la segunda jornada de controles carcelarios habilitados tras la ratificación del estado de sitio. El día anterior, más de 80 integrantes de la Fuerza Élite y personal de control penitenciario operaron en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, Izabal, respaldados por otros 200 agentes policiales.
El Congreso ratificó el 17 de noviembre el estado de sitio decretado una semana antes por el presidente Bernardo Arévalo en Zacapa e Izabal. Lo aprobó con 147 votos mediante el Decreto 29-2026. Añadió una facultad que no figuraba en la propuesta original: las fuerzas de seguridad pueden intervenir las 22 cárceles del país, donde hay más de 24.000 personas recluidas.
El régimen territorial continúa solo en Zacapa e Izabal. Una propuesta para sumar Huehuetenango obtuvo 41 votos y no fue aprobada.
La requisa en Puerto Barrios respondió a denuncias del Ministerio Público, que señalaban al penal como origen de llamadas extorsivas contra transportistas y comerciantes. Según las autoridades, las bandas coordinaban delitos desde el interior. Ya hay trabajadores del penal investigados por presunta colaboración con esas organizaciones.
El decreto gubernativo 8-2026, emitido el 14 de noviembre, siguió a una serie de ataques armados que dejaron al menos 17 muertos en el oriente del país. Entre ellos, una emboscada en Río Hondo contra el diputado Julio César Portillo y agentes policiales, con cuatro víctimas fatales.
El Sistema Penitenciario informó que decomisó alrededor de 2.000 teléfonos celulares en cárceles de todo el país y que instaló escáneres en 23 centros de detención. Sobre Los Jocotes, sin embargo, no informó hallazgos concretos.
El Ejército mantendrá la vigilancia perimetral de los penales sin reducir personal. Los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional precisaron que las acciones se concentrarán en Puerto Barrios, Morales y El Estor.
Lectura de la casa: el operativo es una respuesta legítima a una amenaza real, pero exige cuentas claras. Cuando el Estado amplía sus facultades sobre todo un sistema, el contribuyente tiene derecho a saber cuánto cuesta el despliegue y con qué resultados. Hoy la respuesta oficial se limita a decomisos generales y a una requisa cuyo saldo aún no se conoce.
El principio en juego es el equilibrio entre seguridad y libertades. Un estado de excepción aceptado por el Congreso no debe convertirse en un cheque en blanco. Las próximas semanas dirán si el control territorial se traduce en menos extorsiones o si sólo amplía el aparato estatal sin resultados medibles.



