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Gobierno de De La Espriella financiará defensa de exmilitares por caso Moïse

El presidente ordenó asistencia jurídica y apoyo económico para 17 exmilitares colombianos trasladados a Estados Unidos. La medida abre el debate sobre el uso de recursos públicos en un caso de alto impacto judicial.
martes 6 de octubre de 2026 · 15:42 UTC

Confirmado. Abelardo De La Espriella anunció asistencia jurídica y apoyo económico para 17 exmilitares colombianos. Los trasladaron desde Haití a Estados Unidos hace unas semanas.

En su cuenta de X, el presidente dijo que dio instrucciones a los ministros de Defensa y Justicia. La orden busca acompañar el proceso judicial por la presunta participación en el asesinato de Jovenel Moïse.

«No pueden pagar justos por pecadores», escribió De La Espriella. También pidió que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. El mandatario dijo además que no abandonará a sus «héroes».

Los 17 colombianos estaban privados de la libertad en Haití desde 2021. Fueron trasladados el 20 de septiembre a Estados Unidos. Allí enfrentarán cargos federales en el Distrito Sur de Florida.

La justicia estadounidense ya acusó formalmente a 30 personas por su presunta participación en el crimen. En mayo de 2026, un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro hombres por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar a Moïse.

La Cancillería había dicho que hizo seguimiento a la situación de los connacionales. También señaló que la administración De La Espriella no intervino en la decisión ni en el procedimiento del traslado.

En términos políticos, el caso expone una decisión delicada del Ejecutivo. El Estado se compromete con la defensa de unos detenidos por uno de los expedientes más graves de la región.

La pregunta de fondo es simple. Si hay recursos públicos involucrados, debe haber máxima claridad. La defensa de la presunción de inocencia no puede convertirse en cheque en blanco para la burocracia.

También importa el mensaje institucional. Un gobierno fuerte debe proteger el debido proceso. Pero no puede perder de vista el costo para el contribuyente ni la exigencia de responsabilidad individual.

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