ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Estados Unidos, Bolivia y México perdieron este martes el estatus de países libres de sarampión. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo anunció. Guatemala podría seguir el mismo camino.
El motivo es una epidemia endémica en curso. Según la OPS, la pandemia y la desconfianza generada por la vacunación redujeron la cobertura. El resultado es visible.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran 5.182 casos confirmados desde principios de 2026. Nueva York reportó su primera muerte por sarampión en tres décadas.
En Bolivia, la OPS indica 597 casos en 2025 y 108 en lo que va de año.
México muestra una mejora. Según el subsecretario Rafael Valdés Vázquez, en febrero hubo más de 1.314 casos en una semana. Hoy hay 14 casos activos. La OPS, sin embargo, considera que el nivel de transmisión sigue siendo elevado.
En Guatemala, las estadísticas de la OPS, actualizadas al 5 de noviembre, contabilizan 34.748 casos y 53 muertes. El plazo de doce meses se cumple el 23 de diciembre, así que por ahora no pierde el estatus.
La OPS espera doce meses de vigilancia de una misma cepa antes de retirar el estatus. El director Jarbas Barbosa dijo que los países ya aplican medidas de vacunación, vigilancia y respuesta. "La vacunación es la principal medida para protegerse", afirmó.
El sarampión provoca fiebre, afecciones respiratorias y erupciones. En casos graves puede causar neumonía, inflamación del cerebro o la muerte. Se transmite por vía aérea, y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas.
En 1994, los países americanos se comprometieron a eliminar la enfermedad. La meta exige una cobertura de al menos el 95% con dos dosis. En 2016, la región recibió la certificación de eliminación. Hoy esa conquista se erosiona.
Que el continente vuelva a ver brotes endémicos es un costo directo para el sistema de salud y para el dinero de los contribuyentes, que financian las campañas de respuesta. Ese gasto público evitable surge de una caída en la confianza en la vacunación, que el propio sistema debe recuperar.
La lección es clara: la protección colectiva depende de decisiones individuales y de instituciones que informen con transparencia. Cuando la desconfianza crece, la enfermedad regresa, y la factura la pagan las familias y los presupuestos públicos.


