Confirmado: el Comité Evaluador del RIGI aprobó la adhesión de Argentina GNL, el proyecto de YPF, Eni y XRG para llevar gas de Vaca Muerta a la costa de Río Negro.
La inversión asciende a US$ 50.750 millones a lo largo de la vida útil del proyecto. Unos US$ 29.000 millones se invertirían hasta 2031.
El proyecto prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales. Las exportaciones se estiman en US$ 10.000 millones por año durante unos veinte años.
Es la mayor inversión privada que haya registrado el país.
En paralelo, Máximo Kirchner propuso auditar los beneficios que el régimen concede a las empresas. Dijo que van a «armar todo el quilombo que haya que armar».
Según Horacio Marín, presidente de YPF, sin el RIGI el proyecto no habría sido posible. Ningún directorio aprueba un desembolso de ese tamaño por una rebaja de diez puntos en el impuesto a las ganancias. Lo aprueba si tiene certeza de que las condiciones se mantendrán durante quince o veinte años.
El antecedente pesa. La Ley 24.196 de 1993 otorgó estabilidad fiscal por treinta años. Después llegaron nuevos tributos. En 2012, la Corte Suprema, en «Minera del Altiplano», convalidó aumentos impositivos pese a esa estabilidad.
El RIGI, regulado por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, busca cerrar esa puerta. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria rige por treinta años. El inversor conserva sus beneficios aun si el régimen se deroga.
La adhesión y su aprobación forman un contrato administrativo. Los derechos quedan amparados por el artículo 17 de la Constitución Nacional, según la Corte en «Bourdieu» (1925) y «Metalmecánica» (1976).
El contraste con 2002 es claro. La Ley 25.561 de emergencia dejó sin efecto contratos de un día para el otro. El costo fue décadas de desconfianza y más de cuarenta demandas arbitrales en pocos años.
Auditar no es revocar. Según la fuente, controlar el cumplimiento de montos, plazos, empleo y proveedores locales es legítimo y necesario. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación tienen competencia para hacerlo.
Lo que el régimen no permite es usar la auditoría para recalcular beneficios o declarar la caducidad por decisión política. El cese de incentivos exige sumario previo con derecho de defensa. Si el inversor cuestiona la decisión, la última palabra la tiene un tribunal arbitral.
Para el lector de libre mercado, el punto es el mensaje. Anunciar pelea contra un régimen contractual le dice al inversor que los términos podrían reabrirse. Ese riesgo encarece el financiamiento y alarga las decisiones, aunque nunca se concrete. Los costos los terminan pagando los proyectos en espera y, en última instancia, la economía y los contribuyentes que dependen de esas exportaciones.
Editorialmente, la seguridad jurídica es lo que convierte una promesa de exportación en una inversión real. Cuando el Estado respeta sus contratos, el capital llega. Cuando los cuestiona, se va.



