MEXICO (Pulso) — Confirmado. Siete días de hostigamiento político de Washington contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Según la columna de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, los mensajes vienen desde el presidente Donald Trump, el jefe de la DEA, Terry Cole, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.
La chispa fue el descongelamiento, el 5 de noviembre, de dos cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó en abril de proteger a Los Chapitos.
La Secretaría de Hacienda confirmó la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera el día 13.
Cole reaccionó con dureza. Dijo que la DEA seguiría «investigando y exponiendo a políticos mexicanos» con vínculos al crimen organizado.
El encuentro entre Sheinbaum y Trump en China fue, según la propia columna, cosmético. Ningún encuentro de 20 minutos habría frenado la crisis.
El Departamento del Tesoro ofreció 10 millones de dólares a quien aporte información sobre redes de lavado de dinero y de combustible ilegal de los cárteles.
En Madrid fue detenido Juan Manuel Muñoz Luévano, «El Mono Muñoz», a petición de Estados Unidos, por presunto lavado de dinero para Los Zetas.
La columna también vincula el caso con una investigación de Reforma sobre el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve marinos. Según ese expediente, permitieron el ingreso irregular de 31 buques con combustible de contrabando por las aduanas de Altamira y Tampico.
Al mismo tiempo, según información de inteligencia citada por el columnista, Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas, y Rosalinda López, fallecida, aparecen como arquitectos del esquema de contrabando fiscal. Peralta ha negado cualquier imputación criminal. Estas son señalamientos de terceros, no hechos judiciales establecidos.
Qué significa para el lector. Cuando un gobierno extranjero acusa a funcionarios mexicanos y los congela cuentas en la víspera de una cumbre, el mensaje económico es claro: incertidumbre. La fuga de confianza golpea a empresas que operan en la frontera y al empleo que depende de ellas.
El principio en juego es la soberanía y la rendición de cuentas. Cuando las investigaciones de inteligencia se filtran y se usan como herramienta de presión, el contribuyente paga el costo en dinero y en credibilidad institucional.



