EL SALVADOR (Pulso) — Confirmado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele desplegó unos 2.500 soldados en Haití a finales de octubre.
El detonante fue la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños tras una emboscada. Según expertos, la misión complica una operación de paz que ya era difícil.
Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, firmaron un acuerdo bilateral. Las fuerzas salvadoreñas operarán junto a la Policía Nacional de Haití y contratistas extranjeros.
El acuerdo se superpone con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU. Así lo advierten analistas del International Crisis Group (ICG).
Oficialmente, es una operación de rescate. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que las tropas se retirarían al encontrar a los hombres.
Los movimientos sobre el terreno, sin embargo, apuntan a algo más. Diego Da Rin, analista de Haití del ICG, señala que las fuerzas establecieron una base en el Estadio Sylvio Cator. Esa base está lejos de Croix-des-Bouquets, donde fueron emboscados los técnicos.
Da Rin cree que hay preparación para una incursión contra la banda Village de Dieu. Dijo que el cambio geográfico «podría revelar que la operación tiene objetivos diferentes».
Renata Segura, directora para América Latina y el Caribe en el ICG, lo considera lamentable. Según ella, indica desconfianza hacia los canales de la ONU.
Segura también señaló un riesgo. Afirmó que los daños colaterales y la protección de civiles no son prioridad para Bukele como lo son para la ONU.
La rendición de cuentas es otro punto débil. Da Rin afirmó que es improbable que los acuerdos se hagan públicos. Dijo que no se sabe cómo exigir responsabilidades a fuerzas con mandatos distintos.
Hasta ahora, las bajas civiles han sido menores de lo temido. Los centros de salud informaron un aumento, pero no tan grande como se esperaba.
Sin embargo, el patrón salvadoreño preocupa. Reporta victorias rápidas, pero sin estrategia sostenible para mantener el control territorial.
Lectura de la casa. Para el lector que defiende el orden y el gasto público responsable, el dato relevante es el costo. Un despliegue de esta escala, fuera del marco multilateral, traslada riesgos y cuentas a un terreno donde nadie responde con claridad.
También importa el principio de soberanía. Un país puede apoyar a otro, pero la eficacia exige reglas claras y responsabilidades públicas. Hoy, según las fuentes, faltan ambas.



