PERÚ (Pulso) — Confirmado. Jolín Bazán Valderrama, de 31 años, fue capturado en Ecuador.
El operativo se realizó en un resort de Tonsupa, provincia de Esmeraldas. Participaron la Policía Nacional del Ecuador, la Policía Nacional del Perú y el HSI de Estados Unidos. Según Fuentes oficiales peruanas, la ubicación se logró mediante inteligencia articulada entre la Digimin, la Policía peruana y el HSI.
El Ministerio del Interior peruano ofrecía S/300 mil por información que condujera a su captura. El sector anunció esa recompensa en septiembre de 2026.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la detención en su cuenta de X. Por su parte, el ministro del Interior peruano, César Astudillo, dijo en PBO que la captura, en menos de cuatro meses, «representa un hito» para la Policía Nacional. Astudillo también informó que Lima coordina con Quito para facilitar su pronta expulsión.
Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en junio de 2022. Según la investigación fiscal, la víctima fue retenida más de dos meses por sujetos que se hicieron pasar por policías. Sus captores exigieron S/1,8 millones a la familia. Rodríguez Cruzado fue asesinado, y su cuerpo apareció enterrado en la playa Las Delicias, en Moche.
La sentencia fue dictada en febrero de 2025 y ratificada en enero de 2026, según los antecedentes judiciales difundidos. Desde entonces, su paradero era desconocido. En octubre de 2026 se supo que Interpol había emitido una notificación roja a su nombre desde el 14 de septiembre, a solicitud del Poder Judicial de La Libertad.
La organización a la que se le atribuye el liderazgo, La Nueva Jauría, está vinculada según las autoridades a minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro. Durante el operativo también fue detenido otro sujeto. Se incautaron diez celulares, dos laptops, dinero en efectivo y documentos. El ministro ecuatoriano no precisó el monto del dinero decomisado.
El caso queda ahora en manos de la justicia peruana. Es un golpe a una estructura criminal que, según la investigación, disputa el control de actividades ilegales en el norte del país.
En el terreno que importa al contribuyente, el costo de esta persecución corre con fondos públicos: la recompensa de S/300 mil sale del presupuesto del Estado, y la cooperación internacional exige recursos policiales y de inteligencia. Pero también es la función básica del aparato estatal: proteger la propiedad y la vida de los ciudadanos frente a quien los secuestra y los asesina.
El caso expone además una pregunta de fondo para el lector: cómo un condenado a cadena perpetua permaneció prófugo durante años en la región. Esa respuesta será clave para medir la eficacia real del sistema judicial y policial del país.



