COLOMBIA (Pulso) — Confirmado: el Pacto Histórico enfrenta presión interna y externa por los escándalos que rodean a Gustavo Petro.
El calendario electoral para 2027 ya está habilitado desde el 31 de octubre. Los colombianos elegirán alcaldes y gobernadores. Los partidos organizan sus bases y revisan estrategias regionales.
El Pacto Histórico tiene la bancada más grande del Congreso. Pero esa ventaja no se traduce automáticamente en alcaldías ni gobernaciones.
El expediente pesa. Hay múltiples señalamientos por presunta corrupción en la administración de Petro. Y Deicy Jiménez asegura que el expresidente otorgó contratos del Estado a cambio de favores sexuales.
Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, fue directo. Según él, el Pacto Histórico debe tomar decisiones de fondo.
«Si la izquierda fuera inteligente, lo aparta», dijo. Para Briceño, a medida que avancen los procesos judiciales, Petro será incómodo para el proyecto.
El congresista también cuestiona a sectores del petrismo que piden investigar todos los señalamientos. Según él, son declaraciones vacías. «Una cosa es lavarse las manos y otra condenar realmente las cosas», afirmó.
Briceño sostiene que Petro manda en ese sector y define los candidatos. «Petro es el amo y señor de la izquierda, y nadie le discute», dijo.
Agregó que, si el Pacto Histórico no actúa, la ciudadanía cobrará la factura en las elecciones del 31 de octubre de 2027. «O apartan a Petro o la izquierda se muere», aseguró.
El congresista también comparó los hechos. Según él, lo ocurrido con Petro es más grave que el Proceso 8.000, el caso contra Ernesto Samper en 1994. «Lo de Petro es más grave que el Proceso 8.000», dijo.
El expresidente tiene más de 300 procesos en la Comisión de Acusación. Recientemente se hizo el reparto de los expedientes para que los representantes investigadores tomen decisiones de fondo.
Lectura editorial: el costo de esta crisis no lo pagan solo los partidos. Lo paga el contribuyente, cuando el aparato estatal queda expuesto a contratos cuestionados. La pregunta de fondo es de rendición de cuentas. Un gobierno limitado y transparente no necesita favores ni contratos opacos para funcionar.
La señal para el electorado es clara: la credibilidad de la gestión pública y la libre competencia por contratos dependen de que nadie esté por encima de la ley.



