HAITÍ (Pulso) — Confirmado. La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció la muerte de al menos 34 pandilleros. El operativo se realizó en Martissant, en Puerto Príncipe.
Según la PNH, los hombres fueron abatidos en un refugio de Ti Lapli. Ese es el alias de Renel Destina, líder de la banda de Grand Ravine. La banda tiene unos 300 miembros. Es aliada de la coalición G-Pep.
La ONU señala a esa banda por acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití. La policía difundió un video en sus redes. En las imágenes se ve el bombardeo de distintos objetivos. Las autoridades no revelaron oficialmente el nombre de las bandas atacadas.
La operación contó con el apoyo de la Task Force. Según la PNH, es un grupo armado vinculado a la empresa de seguridad estadounidense Vectus Global. El diario haitiano Alterpresse apuntó que también participaron militares salvadoreños.
El Ejército de El Salvador tiene efectivos desplegados en Haití. Su misión es combatir a las organizaciones criminales que controlan desde hace años la capital y sus alrededores. Hay además cuatro soldados salvadoreños retenidos.
La agencia EFE informa que la cifra de muertos puede aumentar. La operación comenzó en la mañana del jueves y sigue en curso, según las autoridades.
El dato que importa al lector: el Estado haitiano delega parte de su seguridad en fuerzas privadas y extranjeras. Eso tiene un costo. Lo paga el contribuyente, y el control sobre el uso de la fuerza queda difuso. Un operativo de este tamaño, con cifras que aún cambian y sin nombres oficiales de las bandas, exige que las autoridades rindan cuentas claras.
El principio en juego es la soberanía y la responsabilidad del aparato estatal. Cuando la seguridad se terceriza, la pregunta es quién responde por los resultados y quién paga la factura.



