Un juez ordena a la administración Trump permitir el acceso de abogados a un venezolano en prisión salvadoreña
Un juez federal en Texas ha emitido una orden que requiere que la administración Trump facilite el contacto entre un hombre venezolano deportado a El Salvador y sus abogados. Esta decisión representa un hito en la creciente saga legal que rodea la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para deportar a cientos de hombres a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida por sus abusos a los derechos humanos.
Detalles del caso
La orden del juez Keith P. Ellison, del Distrito Sur de Texas, otorga al gobierno un plazo de 24 horas para confirmar la ubicación del demandante, un hombre venezolano de 24 años, y 48 horas para "restaurar y ayudar a mantener la comunicación entre abogado y cliente" con él. Esta decisión ha sido bien recibida por los abogados de la defensa, quienes han expresado su preocupación por la situación del individuo y la justificación legal de su detención.
Javier Rivera, el abogado de Houston que representa a Widmer Josneyder Agelviz Sanguino, el venezolano encarcelado, declaró: "Esto demuestra que el tribunal está tan preocupado como nosotros por el paradero de este individuo y la justificación ilegal para su continua detención."
Contexto de la detención
Agelviz había llegado a los Estados Unidos en septiembre como parte del programa de reasentamiento de refugiados, pero fue detenido por agentes de inmigración en el aeropuerto de Houston debido a un tatuaje en su antebrazo que, según los agentes, está "asociado" con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, los documentos revisados indican que no tenía antecedentes penales ni pruebas adicionales que lo vincularan a la pandilla.
La madre de Agelviz, Lisbeth Carolina Sanguino, quien actualmente vive en San Antonio con sus otros dos hijos, defendió a su hijo, afirmando: "Mi hijo no es un miembro de una pandilla. Es un joven que nunca ha lastimado a nadie."
Implicaciones legales y políticas
La administración Trump ha enfrentado críticas por sus políticas de deportación y el manejo de casos de individuos que solicitan asilo. La orden del juez no solo subraya la necesidad de garantizar el acceso a la representación legal, sino que también podría influir en la discusión sobre los derechos de los inmigrantes en el contexto europeo, donde se observan tendencias similares en el tratamiento de los solicitantes de asilo.
Se espera que la administración Trump apele esta orden ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., lo que podría prolongar la incertidumbre sobre el acceso a la justicia para los inmigrantes detenidos. Esta situación también resuena en el contexto español, donde se han planteado preocupaciones sobre la protección de los derechos de los inmigrantes en medio de un clima político polarizado.
Conclusión
La reciente orden judicial en el caso de Widmer Josneyder Agelviz Sanguino destaca la complejidad de los sistemas de inmigración y las implicaciones de las políticas de deportación en los derechos humanos. A medida que se desarrollan estos eventos, es crucial que se mantenga la atención sobre las condiciones de detención y el acceso a la representación legal, tanto en EE. UU. como en Europa.
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Acerca de la autora
Martina Torres es una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional.
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