Introducción
En un contexto de creciente atención a los derechos de las personas trans, un juez federal ha comenzado a evaluar la constitucionalidad de una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump que prohíbe la atención de afirmación de género para prisioneros trans. Este caso no solo tiene implicaciones para los derechos humanos en Estados Unidos, sino que también podría resonar en Europa y otros contextos donde se están discutiendo políticas similares.
El Caso Legal
El juez de distrito Royce Lamberth, con sede en Washington D.C., está considerando la posibilidad de detener temporalmente la implementación de la orden ejecutiva que impide que el sistema penitenciario federal proporcione terapia hormonal a los reclusos diagnosticados con disforia de género. Esta orden fue firmada poco después de que Trump asumiera la presidencia en enero de 2017, y su objetivo era prohibir el gasto federal en procedimientos médicos destinados a conformar la apariencia de los internos al sexo opuesto.
Argumentos de la Demandante
La demanda, presentada en marzo por la ACLU y el Transgender Law Center, sostiene que la orden de Trump es inconstitucional, ya que establece una prohibición general sobre la atención médica de afirmación de género sin considerar el impacto que esto tiene en la salud de los individuos afectados. Esta acción legal busca que se reconozca que el sistema penitenciario no puede imponer prohibiciones absolutas sobre tipos de atención médica sin evaluaciones individuales.
Derechos Humanos y Crueldad
Los abogados de los prisioneros trans argumentan que la negativa a proporcionar atención de afirmación de género infringe la Octava Enmienda, que prohíbe el castigo cruel e inusual. En este sentido, solicitan que el tribunal impida permanentemente la aplicación de la orden ejecutiva en cuestión.
Respuestas del Gobierno
Por su parte, el Bureau of Prisons (BOP) se ha negado a comentar debido a la litigación pendiente, pero sus abogados han argumentado que no han impuesto una prohibición categórica sobre la provisión de medicación hormonal. Aseguran que realizan evaluaciones individualizadas para atender las necesidades médicas de los internos bajo su custodia. Sin embargo, se ha admitido que el gobierno ha suspendido ciertas acomodaciones sociales, como el suministro de ropa interior adecuada para las personas trans.
Impacto en el Sistema Penitenciario
Desde la firma de la orden ejecutiva, el BOP no ha proporcionado orientaciones formales sobre cómo implementarla, lo que ha causado caos y confusión en el sistema penitenciario federal. Más de 2,000 personas que se identifican como trans han estado en una situación de incertidumbre con respecto a su atención médica, lo que podría tener repercusiones significativas sobre su bienestar físico y mental.
Conclusión
La discusión sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump sobre la atención de afirmación de género para prisioneros trans no solo es crucial para los derechos civiles en Estados Unidos, sino que también plantea preguntas sobre el tratamiento de personas vulnerables en el sistema penitenciario. A medida que avanza este caso, se espera que las decisiones judiciales puedan influir en políticas similares en Europa, donde se están abordando cuestiones de derechos de género y atención médica en contextos de encarcelamiento.
Fuentes
- Is Trump’s Gender Care Ban for Trans Prisoners Unconstitutional? | The Marshall Project [1]
- Federal judge pauses President Trump's order restricting gender-affirming care for trans youth | AP News [2]
- A 2nd U.S. judge pauses Trump's order against gender-affirming care for trans youth | NPR [3]
- Washington judge blocks Trump’s gender-affirming care ban, says it's unconstitutional in multiple ways | Advocate [4]
- How Trump's Executive Order Affects Transgender People in Prison | The Marshall Project [5]
Sobre la autora
Martina Torres es una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional.
