Introducción
Recientemente, un grupo de ciudadanos en el condado de Tarrant, Texas, ha presentado una demanda contra un nuevo mapa de redistribución de distritos aprobado por los comisionados del condado. Este mapa ha suscitado acusaciones de discriminación racial y ha generado un debate sobre la legalidad del proceso de redistribución, que podría tener consecuencias significativas en los derechos electorales de las minorías en la región.
Detalles de la Demanda
La demanda, presentada apenas 24 horas después de la aprobación del mapa, sostiene que el juez del condado, Tim O'Hare, y otros miembros del consejo de comisionados han violado la Ley de Derechos de Votación y la Constitución de EE. UU. al trazar líneas de distritos de manera que intencionalmente discrimina a los votantes afroamericanos y latinos. Según el abogado de los demandantes, Chad Dunn, "la discriminación intencional sigue siendo ilegal" [1].
Impacto de la Redistribución
Según los documentos de la demanda, el nuevo mapa, conocido como "Mapa 7", altera las divisiones de los distritos de manera que afecta desproporcionadamente a las comunidades minoritarias. En particular, el mapa mueve a votantes de minorías del Distrito 2 al Distrito 1, mientras que simultáneamente desplaza a votantes anglosajones en la dirección opuesta. Esto resulta en un condado donde la mayoría de los residentes son no anglosajones, pero que ahora tiene tres distritos de mayoría anglosajona y uno de mayoría minoritaria [2].
Consecuencias para los Votantes
Se estima que el nuevo mapa podría privar a 150,000 personas de su derecho al voto en las elecciones de 2026, con un impacto mayor en los votantes afroamericanos y latinos. De acuerdo con la demanda, los adultos negros tienen cuatro veces más probabilidades de ser despojados de su derecho al voto bajo el nuevo mapa, mientras que los adultos latinos tienen más del doble de probabilidades de enfrentar la misma situación que sus contrapartes anglosajonas [3].
Reacciones Políticas
El juez del condado, Tim O'Hare, ha argumentado que la redistribución tiene un propósito político, buscando obtener un asiento adicional para los republicanos en el consejo. Los comisionados republicanos que apoyaron el plan creen que es legalmente justificable. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por aquellos que consideran que la redistribución es un ejemplo de "gerrymandering" racista [4].
Perspectiva Legal
La demanda plantea una cuestión legal clave: si la redistribución constituye "gerrymandering" partidista o racial. Según expertos, mientras que el gerrymandering partidista puede ser legal, el gerrymandering racial está prohibido. Este caso podría sentar un precedente importante en la interpretación de la ley electoral en EE. UU. [5].
Conclusión
La situación en el condado de Tarrant ilustra los desafíos persistentes que enfrentan las comunidades minoritarias en el acceso al voto y la representación política. A medida que avanza esta demanda, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos, tanto a nivel local como en el contexto más amplio de la política electoral en Estados Unidos.
Fuentes
Sobre la autora
Martina Torres es una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional.
