La administración Trump solicita a la Corte Suprema que levante los límites a las deportaciones a 'terceros países'

La administración Trump ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de facilitar las deportaciones de delincuentes condenados a "terceros países", es decir, países que no son su país de origen. Esta medida ha suscitado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y el debido proceso en el sistema judicial estadounidense.

Contexto de la Solicitud

La solicitud se produce en respuesta a una orden del juez federal Brian Murphy, con sede en Massachusetts, que estableció que los inmigrantes afectados deberían tener la oportunidad de plantear preocupaciones sobre posibles torturas, persecuciones o ejecuciones en los países a los que podrían ser deportados. Murphy especificó que se les debe otorgar al menos diez días para presentar sus alegaciones [1].

Recientemente, el juez Murphy afirmó que la administración había violado su orden al deportar a ocho migrantes a Sudán del Sur, quienes actualmente están detenidos en una instalación de EE. UU. en Yibuti [2]. La situación de estos inmigrantes es crítica, ya que muchos de ellos ya están bajo riesgo de deportación, pero no pueden ser enviados a sus países de origen.

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Argumentos de la Administración

El fiscal general D. John Sauer argumentó que las exigencias impuestas por el juez Murphy son "un conjunto oneroso de procedimientos" que no debería ser requerido. Sauer sostiene que estas decisiones judiciales están interfiriendo en el proceso de deportación a terceros países y afectan las políticas de inmigración del Ejecutivo [3].

Además, las autoridades estadounidenses argumentan que las restricciones actuales complican las relaciones diplomáticas y los esfuerzos de seguridad nacional, señalando una necesidad urgente de revisar el proceso de deportación [4].

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Defensa de los Derechos de los Inmigrantes

Por otro lado, Trina Realmuto, abogada de la National Immigration Litigation Alliance, defendió la decisión de Murphy, afirmando que este actuó de manera adecuada para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a las protecciones necesarias antes de ser deportados a países donde podrían enfrentar graves riesgos [5].

La orden original de Murphy indicaba que los demandantes simplemente solicitaban ser informados sobre su deportación a un nuevo país y tener la oportunidad de argumentar por qué esta podría resultar en persecución o tortura [2].

Conclusiones

La solicitud de la administración Trump ante la Corte Suprema resalta un conflicto fundamental entre las políticas de inmigración y los derechos humanos. La decisión de la Corte podría tener un impacto significativo no solo en los inmigrantes afectados, sino también en la percepción de las políticas migratorias en España y Europa, donde la protección de los derechos de los migrantes es un tema de creciente relevancia.

A medida que la situación se desarrolla, será crucial para los defensores de los derechos humanos seguir de cerca las decisiones judiciales y las implicaciones que estas podrían tener a nivel internacional, especialmente en un contexto donde Europa enfrenta sus propios desafíos en materia de inmigración y asilo.

Fuentes

Sobre la autora

Martina Torres es una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional.

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