ICE utiliza contratos sin licitación, favoreciendo a grandes empresas, para obtener más camas de detención
En un contexto de creciente presión política para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recurrido a contratos sin licitación. Esta estrategia ha beneficiado a grandes empresas del sector privado, como CoreCivic y The Geo Group, que han visto un aumento significativo en sus ganancias debido a la demanda de más camas de detención. Esta situación plantea importantes preguntas sobre la ética y la legalidad de estos contratos en el marco de las políticas de inmigración actuales.
Contexto y desarrollo de los contratos
El uso de contratos sin licitación por parte de ICE ha sido justificado por la "urgente necesidad" de aumentar la capacidad de detención, especialmente en un momento en que la administración del expresidente Donald Trump se centró en la deportación masiva de inmigrantes. Recientemente, ICE firmó un acuerdo con CoreCivic para reabrir una prisión de 1,033 camas en Leavenworth, Kansas, como parte de una serie de contratos que no fueron sometidos a un proceso de licitación competitiva [1].
Las modificaciones a los contratos existentes han permitido a las empresas privadas expandir sus operaciones. Por ejemplo, uno de los contratos establece un pago de 73 millones de dólares a una compañía dirigida por exfuncionarios de inmigración para proporcionar "equipos de apoyo a la ejecución de la inmigración", encargándose de tareas administrativas relacionadas con la detención y deportación de inmigrantes [2].
Impacto en el sector privado
Las empresas que se benefician de estos contratos han visto un aumento en sus proyecciones de ganancias. CoreCivic y The Geo Group, entre otras, han estado en el centro de esta expansión, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia política y la falta de transparencia en la gestión de estos contratos. En este entorno, el sector privado juega un papel fundamental en la implementación de políticas de inmigración que, según críticos, priorizan los beneficios económicos sobre los derechos humanos [3].
Reacciones y oposición
A pesar del impulso por parte de ICE, la iniciativa ha encontrado resistencia a nivel local. En Leavenworth, la ciudad ha presentado una demanda contra CoreCivic al intentar reabrir la prisión sin la aprobación de los funcionarios locales, citando preocupaciones sobre las condiciones de detención y el impacto en la comunidad [4]. Este caso subraya las tensiones entre las políticas federales y las preocupaciones locales sobre la gestión de las instalaciones de detención.
Conclusión
El uso de contratos sin licitación por parte de ICE para aumentar la capacidad de detención plantea serias inquietudes sobre la ética y la transparencia en la gestión de los servicios de inmigración. La creciente dependencia de empresas privadas para la detención de inmigrantes refleja un cambio en la política de inmigración que prioriza el lucro sobre la dignidad humana. En el contexto europeo, es crucial seguir de cerca estos desarrollos, ya que podrían servir como un modelo o advertencia para futuras políticas migratorias [5].
Fuentes
- ICE using no-bid contracts, boosting big firms, to get more detention beds [1]
- ICE is using no-bid contracts, boosting big firms, to get more [2]
- ICE planning dramatic detention expansion as it tries to deport 1 [3]
- ICE Is Using No-Bid Contracts, Boosting Big Firms, to Get More [4]
- ICE Contracts Explained: The Companies Enabling Mass Deportations [5]
Sobre la autora
El autor de este artículo es Martina Torres, una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal especializada en asuntos globales y política internacional.
