Introducción
En un nuevo episodio de tensiones políticas en Estados Unidos, el Fiscal General de California, Rob Bonta, ha interpuesto una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump. La acción judicial busca revocar la orden de federalizar a 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California, desplegados en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. Este movimiento se llevó a cabo en respuesta a las protestas contra las acciones migratorias del gobierno federal [1][2].
Contexto y Detalles de la Demanda
La decisión de Trump ha sido catalogada como "ilegal" por Bonta, quien argumenta que infringe el derecho soberano del estado de California para controlar su Guardia Nacional. Según la demanda, la administración Trump no comunicó ni solicitó la aprobación del gobernador para el despliegue, lo que constituye una violación del protocolo habitual [3][4].
Precedentes Históricos
Bonta destacó que la ley utilizada por Trump para activar la Guardia Nacional solo se había empleado una vez antes, en 1970, por el presidente Richard Nixon durante una huelga postal. Además, subrayó que es la primera vez desde 1965 que se activa la Guardia sin el consentimiento de un gobernador, cuando el presidente Lyndon B. Johnson lo hizo en Alabama para proteger a manifestantes de derechos civiles [1][5].
Reacciones y Respuestas
En respuesta a la demanda, un portavoz del Departamento de Defensa indicó que la política del Pentágono es no comentar sobre litigios pendientes. Por su parte, Trump defendió su decisión alegando que fue necesaria para combatir la "anarquía" en Los Ángeles y que, sin su intervención, la situación se habría descontrolado [6][7].
El gobernador Gavin Newsom, por otro lado, ha calificado la medida como innecesaria, acusando a Trump de buscar un "espectáculo" político. Newsom sostiene que las protestas no justificaban tal respuesta militar [8].
Perspectiva Local y Conclusiones
Desde una perspectiva europea, este tipo de conflictos internos en Estados Unidos reflejan la creciente polarización política y su impacto en la gobernabilidad. En España y otros países europeos, donde el control de las fuerzas de seguridad está claramente delimitado entre el gobierno central y las comunidades autónomas, casos como el de California ofrecen lecciones sobre la importancia de respetar las competencias regionales para evitar tensiones innecesarias.
La demanda de Bonta pone de manifiesto la importancia de proteger la soberanía estatal y asegura que el poder federal no se utilice de manera arbitraria. A medida que el caso avanza en los tribunales, los resultados podrían sentar un precedente significativo sobre el alcance del poder presidencial en situaciones de protesta civil.
Fuentes
Sobre la Autora
Martina Torres es reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional. Con una vasta experiencia en el análisis de conflictos políticos, Torres aporta una perspectiva equilibrada y bien informada sobre eventos que afectan tanto a nivel local como internacional.
