Ciudadanos del condado de Tarrant, TX, presentan demanda contra el nuevo mapa de redistribución electoral
En un giro inesperado y controvertido, menos de un día después de que los comisionados del condado de Tarrant aprobaran un nuevo mapa de redistribución electoral, un grupo de ciudadanos presentó una demanda alegando discriminación intencionada. Esta situación ha suscitado un debate sobre la equidad en los procesos electorales y podría tener repercusiones más amplias en las elecciones de 2026, no solo en Texas sino también en otros lugares donde la redistribución de distritos es un tema candente.
Detalles de la demanda
Según el Lone Star Project, la demanda acusa al juez del condado de Tarrant, Tim O'Hare, y a sus seguidores de haber violado la Ley de Derechos Electorales y la Constitución de EE. UU. al trazar nuevas líneas de distrito. El abogado principal de los demandantes, Chad Dunn, afirmó: "La discriminación intencionada sigue siendo ilegal".
El documento presentado por los abogados sostiene que el nuevo mapa, denominado "Mapa 7", desplaza intencionadamente a votantes de minorías del Distrito 2 al Distrito 1, mientras que mueve a votantes anglosajones del Distrito 1 al Distrito 2. Esta redistribución resulta en un condado donde la mayoría de la población es no anglosajona, generando tres distritos de mayoría anglosajona y uno de mayoría minoritaria.
Impacto en las comunidades
La demanda también destaca que aproximadamente 150,000 personas se verán privadas de su derecho al voto en las próximas elecciones, un hecho que impacta desproporcionadamente a votantes negros y latinos. Según la información presentada, los adultos negros tienen cuatro veces más probabilidades de ser despojados de su derecho al voto bajo este nuevo mapa, mientras que los adultos latinos tienen más del doble de probabilidades en comparación con los adultos anglosajones.
Además, el juez O'Hare ha defendido la redistribución como una estrategia política para aumentar la representación republicana en el tribunal. Sin embargo, los comisionados republicanos que apoyan el plan argumentan que su decisión es jurídicamente válida.
Cuestiones legales en juego
La demanda federal alega que esta redistribución a mitad de censo infringe tanto la Constitución como la Ley de Derechos Electorales de EE. UU. Anthony Gutierrez, director ejecutivo de Common Cause Texas, una organización no partidista, enfatizó que la cuestión legal central es si se trata de un gerrymandering partidista y/o racial. Si bien el gerrymandering partidista es legal en muchos contextos, el gerrymandering racial no lo es.
El análisis del UCLA Voting Rights Project indica que las nuevas opciones de mapas "diluyen la fuerza de votación de los negros y hispanos al eliminar uno de los dos distritos de rendimiento minoritario, y dividen comunidades de interés a lo largo de líneas raciales". Esto crea una situación en la que la población minoritaria es demasiado pequeña para influir significativamente en los resultados electorales.
Conclusión
La situación en el condado de Tarrant es un claro recordatorio de los desafíos persistentes en torno a la equidad electoral en los Estados Unidos. La demanda presentada por los ciudadanos no solo pone de relieve preocupaciones locales, sino que también resuena en un contexto más amplio en el que la redistribución electoral y las leyes de derechos de voto son temas críticos en todo el mundo, incluida Europa. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será fundamental observar cómo el sistema legal aborda estas alegaciones de discriminación y qué implicaciones tendrá para el futuro de la representación electoral en el condado y más allá.
Fuentes
Acerca de la autora
Martina Torres es una reportera sénior de noticias internacionales para ElPulsoGlobal, especializada en asuntos globales y política internacional.
