ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó el 18 de agosto una guía actualizada sobre la regla de «carga pública» para solicitantes de green card. La directriz revoca en su totalidad las directrices de 2022. El nuevo marco entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.
Desde esa fecha, los oficiales podrán considerar la recepción de ayuda gubernamental basada en recursos al evaluar a un solicitante. El análisis se hará bajo una perspectiva de «totalidad de circunstancias», según el documento.
Quiénes quedan exentos
La legislación federal excluye de la evaluación financiera a varios grupos. Entre ellos: titulares de TPS, solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano, portadores de visa U, solicitantes de asilo y refugiados. También quedan fuera cónyuges e hijos de militares con beneficio póstumo, indígenas nacidos en Canadá, miembros de la Banda de Indios Kickapoo de Texas y ciertos ciudadanos de Polonia, Hungría y Siria, entre otros.
Quiénes sí serán evaluados
La norma mantiene la revisión para la mayoría de flujos ordinarios. Incluye: trabajadores religiosos, exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjero, exempleados de la Zona del Canal de Panamá, graduados de facultades de medicina extranjeras con licencia desde 1978, ganadores del sorteo de visas de diversidad y testigos o informantes extranjeros, entre otros.
Lectura editorial
La medida representa un giro concreto hacia la autosuficiencia como criterio migratorio. El principio es claro: quien solicita residencia debe demostrar que no dependerá del erario. Que las directrices de 2022 queden revocadas en su totalidad indica una ruptura deliberada con el marco anterior.
El contribuyente estadounidense tiene interés directo en este debate. Un sistema que evalúa la capacidad económica del solicitante antes de otorgar residencia permanente es, por definición, más sostenible que uno que la ignora.
