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Uruguay habilitará retiro a los 60 años para 30% de salarios más bajos

El gobierno de Orsi enviará al Parlamento una propuesta que adelanta cinco años la jubilación para ciertos trabajadores. Dice que no compromete la sostenibilidad fiscal y que prioriza a los ingresos más bajos.
martes 13 de octubre de 2026 · 11:03 UTC

El gobierno uruguayo enviará al Parlamento un proyecto de ley para habilitar una causal de retiro anticipado a los 60 años y 30 años de trabajo.

La propuesta fue anunciada por Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, tras una reunión del gabinete. El plan surge del diálogo social convocado por el Poder Ejecutivo para revisar la reforma jubilatoria de Luis Lacalle Pou, que había elevado la edad de retiro de 60 a 65 años.

Según el comunicado conjunto de Economía, Trabajo y la OPP, la causal busca atender contingencias y dar mayor flexibilidad ante trayectorias laborales distintas. El gobierno sostiene que el esquema favorece a trabajadores de ingresos bajos y medio bajos. También afirma que el 30% de los salarios más bajos podrá jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones que antes de la ley 20.130.

La iniciativa incluye una limitación. Quienes se jubilen a los 60 años no podrán volver al mercado laboral de manera formal después del retiro. Las autoridades argumentan que la causal está destinada a quienes no pueden o no desean continuar en actividad.

Sánchez dijo que se trata de una causal general, «no es por sector, no es discrecional (…) es para todos». También señaló que los salarios medios y altos tendrán una jubilación menor si optan por retirarse cinco años antes.

El gobierno afirma que el cambio no compromete la sostenibilidad económico financiera del sistema previsional. Cita un informe del Banco de Previsión Social. Ese documento estima un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, con caída posterior hasta ser nulo a largo plazo.

La discusión de fondo es clara. El Estado vuelve a mover reglas sobre ahorro, retiro y trabajo. La promesa es más flexibilidad. El riesgo es siempre el mismo: que el aparato previsional termine cargando costos sobre los contribuyentes si los incentivos se desordenan.

La señal política, de momento, favorece a los trabajadores de menores ingresos. Pero el desafío será preservar sostenibilidad, equidad y libertad de elección sin convertir el sistema en otra trampa burocrática.

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