URUGUAY (Pulso) — El Parlamento uruguayo analiza un proyecto de ley impulsado por el diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado. La iniciativa propone prohibir que menores de 15 años creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas en redes sociales.
La carga recae sobre las plataformas. Los proveedores deberán adoptar medidas «razonables, proporcionadas, eficaces y auditables» para impedir el acceso. Los padres o tutores quedan exentos de responsabilidad civil o penal por incumplimiento.
El régimen de sanciones va desde un apercibimiento hasta multas de cerca de USD 1 millón. También contempla la suspensión de la plataforma. Los factores que determinan la penalidad incluyen gravedad, reiteración, usuarios afectados, beneficio obtenido y capacidad económica de la empresa.
Schipani argumenta que las redes «dejaron de ser meras herramientas de comunicación». Según el documento, su arquitectura «está diseñada para captar la atención, prolongar el tiempo de permanencia, recopilar datos, predecir conductas y ofrecer contenidos personalizados». El legislador sostiene que esa asimetría «es especialmente intensa» cuando el usuario es un niño.
Entre los riesgos citados en los fundamentos: ciberacoso, grooming, sextorsión, difusión de imágenes íntimas y suplantación de identidad. También señala que los algoritmos pueden favorecer contenidos vinculados a autolesiones, suicidio y trastornos alimentarios.
Schipani menciona experiencias internacionales. Australia estableció una edad mínima de 16 años para mantener cuentas. Francia también aparece en el texto como referencia de debate.
El proyecto sigue en análisis parlamentario. No hay fecha confirmada de votación.
Lectura editorial. La iniciativa sigue una tendencia global: trasladar al sector privado el costo de regular conductas que el Estado no puede vigilar directamente. El esquema de multas millonarias y la amenaza de suspensión de plataformas son instrumentos de presión sobre la libre empresa que merecen escrutinio. La pregunta de fondo es si una prohibición amplia protege mejor a los menores que la responsabilidad parental y la educación digital. El debate uruguayo apenas comienza.
