CHILE (Pulso) — La jefa de la Bancada de Diputados de la UDI, Weisse, y el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martínez, salieron al paso este lunes.
La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados, Satterthwaite, cuestionó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y ministros del Poder Judicial chileno. Los procedimientos apuntan a funcionarios que viajaron al extranjero mientras gozaban de licencia médica.
Satterthwaite sostuvo, según el documento, que los afectados «se enfrentan a procesos de remoción por conductas que no constituían una falta disciplinaria según la legislación chilena». Agregó que le preocupa que la facultad de remoción se use «para acallar el debate público» por el escándalo de las licencias.
Weisse y Martínez rechazaron esa lectura. Afirmaron que «ningún organismo internacional debiera intentar interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a las instituciones chilenas». Pidieron a Cancillería expresar formalmente su molestia y transmitir que Chile «no aceptará cuestionamientos» a las atribuciones del Poder Judicial.
Los parlamentarios también cuestionaron lo que describieron como una «defensa corporativa» desde la ONU hacia los investigados. Advirtieron: si se confirma que hubo jueces que viajaron al exterior en reposo, «evidentemente tiene que haber consecuencias».
«La Corte Suprema no debiera titubear en aplicar la máxima sanción», afirmaron.
Lectura editorial. El episodio expone una tensión legítima: la soberanía institucional de un Estado frente a la presión de organismos internacionales. Que una relatora de la ONU intervenga en un proceso disciplinario interno —abierto precisamente para proteger la probidad— invierte la lógica del Estado de derecho. El aparato burocrático de Naciones Unidas no rinde cuentas ante el contribuyente chileno; la Corte Suprema, sí. La exigencia de la UDI de que Cancillería defienda la autonomía judicial es, en ese marco, la postura correcta.
