ESPAÑA (Pulso) — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó este jueves la ley de amnistía del gobierno español. El presidente del tribunal, Koen Lenaerts, afirmó que el derecho de la UE no impide que un Estado miembro apruebe una ley para reducir tensiones políticas mediante la extinción de responsabilidades penales.
El fallo reconoce que la adopción y aplicación de la amnistía corresponde exclusivamente a las autoridades españolas. Se trata, según el TJUE, de una competencia nacional.
Sin embargo, el tribunal introdujo un límite relevante. Los jueces españoles no pueden verse obligados automáticamente a levantar responsabilidades económicas ni a paralizar procedimientos dentro de un plazo fijo de dos meses mientras esperan decisiones sobre derecho europeo. Ese aspecto, según el fallo, no es compatible con el ordenamiento comunitario.
La ley fue aprobada por el Parlamento español en 2024. Surgió del acuerdo entre el PSOE y las principales formaciones separatistas catalanas tras las elecciones generales de 2023. Gracias a ese pacto, Pedro Sánchez se mantuvo al frente del gobierno sin contar con mayoría parlamentaria propia.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, celebró la resolución y pidió su aplicación plena. Oriol Junqueras, líder de ERC, la calificó de «buena noticia» pero advirtió que la victoria «aún no es completa»: algunos jueces siguen negándose a aplicar la amnistía, incluida la causa que lo afecta. Carles Puigdemont, desde Bélgica, la celebró como «victoria contundente».
Puigdemont permanece fuera de España desde 2017. Su situación sigue dependiendo de los tribunales españoles. El magistrado de su caso sostiene que la amnistía no aplica por la acusación de malversación vinculada al referéndum ilegal de 2017. El Tribunal Constitucional tiene pendiente una decisión.
Pulso Global observa lo evidente: el aparato judicial europeo validó un instrumento concebido para sostener a un gobierno sin mayoría propia. El precio lo pagan la igualdad ante la ley y la credibilidad institucional de España. Que el fallo fije límites no borra el fondo: la amnistía nació de una negociación política, no de un imperativo de justicia. Los contribuyentes españoles y el Estado de derecho cargan con las consecuencias de ese cálculo.
