COLOMBIA (Pulso) — La senadora del Nuevo Liberalismo María Lucía Villalba radicó un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). La propuesta llegó después del terremoto de 7,4 grados registrado el 10 de agosto, que afectó varias regiones del país.
El sistema enviaría alertas gratuitas segundos antes de un sismo. Los canales: celulares, radio y televisión. Sin costo para usuarios ni para el Estado, según el documento.
La iniciativa integraría al Servicio Geológico Colombiano (SGC) con redes públicas y privadas de telecomunicaciones. El SGC determinaría cuándo activar la alerta. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumiría la coordinación, la pedagogía y la respuesta comunitaria.
Todos los operadores móviles y de telecomunicaciones que operen en Colombia deberán integrar sus redes al SNAST. Cada operador elige la tecnología, siempre que permita transmitir mensajes simultáneos a millones de dispositivos sin congestionar las redes.
En radio y televisión, la señal del SGC podría activar avisos automáticos. Esos mensajes tendrían prioridad sobre la programación y la pauta comercial.
El proyecto fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno expida un Reglamento Técnico Unificado. Ese reglamento establecería estándares de interconexión, protocolos de interrupción de señales y cronogramas de pruebas piloto y simulacros nacionales.
La propuesta apunta a que las alertas lleguen a cualquier ciudadano, sin importar el operador, el dispositivo o el plan de datos contratado.
Lectura editorial. Un sistema de alerta temprana es infraestructura de seguridad básica, no gasto discrecional. Colombia lleva décadas expuesta a actividad sísmica significativa y aún carece de este mecanismo. La iniciativa de Villalba pone sobre la mesa una obligación del Estado que el gobierno Petro no ha priorizado. El diseño —alertas gratuitas, tecnología a elección del operador, sin crear una burocracia nueva de transmisión— apunta en la dirección correcta: aprovechar redes privadas existentes en lugar de construir aparato estatal paralelo. El Congreso tiene ahora la palabra.
