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Senado avanza el traspaso de Justicia de menores y causas penales a la Ciudad de Buenos Aires

Comisiones dan dictamen favorable a los convenios firmados por Mahiques y Tapia. Gremios judiciales y el kirchnerismo resisten el paso hacia la autonomía porteña.
Imagen ilustrativa
jueves 3 de septiembre de 2026 · 00:35 UTC

El traspaso de fueros judiciales a la Ciudad de Buenos Aires suma un paso clave. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron dictamen favorable. Los convenios quedan habilitados para el recinto en la próxima sesión.

Se trata de los acuerdos firmados en julio por el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia. Representan a Javier Milei y a Jorge Macri.

Uno de los convenios traslada a la Justicia porteña el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de 14 a 18 años. También la protección de menores de 14 involucrados en hechos delictivos. El otro transfiere jurisdicción sobre delitos contra la libertad, el honor, la integridad sexual, la seguridad del tránsito y propiedad intelectual.

El traspaso se suma al de la Justicia laboral nacional, ya ratificado por la Legislatura porteña. Ese avance se destrabó tras que el juez Enrique Lavié Pico levantara una cautelar impulsada por la UEJN, el gremio de Julio Piumato.

En el plenario hubo posiciones divididas. A favor, Javier Buján, de la Casación penal juvenil porteña, defendió el traspaso como fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad. El constitucionalista Daniel Raimundes avaló los convenios por ajustarse a la Constitución.

En contra, Rocío Herrera, de la UEJN, habló de «un cheque en blanco» financiado con fondos provinciales. Gonzalo Martínez Salum, de la Asociación del Poder Judicial de la Nación, advirtió sobre «una desvinculación masiva de trabajadores». El senador kirchnerista Jorge Capitanich calificó el trámite de «irregular» y contrario al federalismo.

El expediente ilustra una tensión de fondo: autonomía porteña contra el statu quo de la burocracia judicial nacional. Los gremios que hoy resisten el traspaso son los mismos que administran una estructura judicial financiada por el conjunto de los contribuyentes del país, no solo por la Ciudad. El kirchnerismo, fiel a su histórica defensa del aparato nacional, vuelve a alinearse con esa resistencia corporativa antes que con la descentralización de competencias.

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