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Selvicultores españoles responsabilizan a la burocracia y al abandono estatal de la magnitud de los incendios

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España advierte: décadas de gestión forestal fallida, no solo el clima, explican los grandes incendios. Piden un Pacto de Estado y menos trabas administrativas.
Imagen ilustrativa
lunes 27 de julio de 2026 · 11:26 UTC

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) lo dijo sin rodeos este lunes. El cambio climático «está agravando los incendios forestales pero no explica por sí solo su magnitud». La causa real, según el comunicado: el «fracaso de la política forestal».

La organización señala décadas de errores acumulados. «Abandono, falta de incentivos, rentabilidad insuficiente, una burocracia excesiva y la ausencia de una estrategia forestal estable», enumera el texto. Mientras tanto, los bosques crecían sin control.

El dato es contundente. España posee hoy «la mayor superficie forestal de su historia»: más de 28 millones de hectáreas. Ocupan el 56 % del territorio nacional. Cada año generan alrededor de 46 millones de metros cúbicos de biomasa. Solo se aprovecha una parte. El resto se convierte en combustible.

El 72 % de esa superficie pertenece a propietarios privados. La COSE afirma que estos propietarios «saben cómo prevenir los incendios» pero no cuentan con apoyo suficiente de las administraciones.

La confederación propone seis medidas urgentes para un Pacto de Estado por los Bosques. Entre ellas: reconocer la gestión forestal como actividad de interés general, aprobar una fiscalidad forestal específica, implantar compensaciones por servicios ecosistémicos y simplificar procedimientos administrativos. También piden impulsar la movilización sostenible de biomasa y desarrollar planificación territorial preventiva.

El mensaje final es directo: «Cada euro invertido en gestión forestal evita pérdidas muy superiores».

Desde Pulso Global, el diagnóstico de la COSE apunta a una verdad incómoda para el aparato estatal. La burocracia excesiva y la ausencia de incentivos al propietario privado no son efectos secundarios: son política activa por omisión. El 72 % del monte en manos privadas representa una capacidad de gestión desaprovechada por falta de marco regulatorio sensato. Cada verano de incendios extremos es, en parte, la factura del contribuyente por años de prioridades mal colocadas.

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