COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La renuncia de Magda Yolima Amaya Arévalo al cargo de secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) fue aceptada formalmente.
Según el documento conocido, Amaya había sido nombrada mediante la Resolución 1194 del 12 de agosto de 2026. Tomó posesión ese mismo día. Presentó su renuncia el 15 de agosto de 2026 ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano. Tres días en el cargo.
La salida se produce tras un llamado público del presidente Abelardo De La Espriella a la ministra Alexandra Falla. «Ministra Alexandra Falla, por favor, revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno», escribió De La Espriella en su cuenta de X el 15 de agosto de 2026.
El mandatario añadió una instrucción directa: «Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país».
Falla respondió de inmediato. «Señor presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos. Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad», publicó la ministra.
En medio de la controversia circuló información sobre la trayectoria de Amaya. Según la fuente, la funcionaria habría trabajado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), vinculado al Ministerio de Educación durante el gobierno de Gustavo Petro.
El documento establece que Amaya deberá efectuar la entrega del cargo y elaborar el informe correspondiente para su historia laboral.
En desarrollo.
Lectura editorial. La velocidad de la reacción —instrucción presidencial y renuncia en el mismo día— muestra que De La Espriella no tolera en su aparato estatal funcionarios con vínculos al petrismo. El filtro de idoneidad aplicado desde la cima del Ejecutivo es exactamente el tipo de control que el libre ejercicio del cargo público exige: coherencia entre quién gobierna y quién ejecuta. El MinTIC sigue bajo observación.
