COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió la intervención ordenada bajo el gobierno del expresidente Petro. Savia Salud regresó a manos de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y Comfama.
El nuevo gerente, Mauricio Martínez Flórez, reveló las cifras al llegar. La EPS tenía un patrimonio negativo cercano a $800.000 millones antes de la intervención. Hoy ese déficit asciende a $1,8 billones. En tres años exactos de intervención, el patrimonio negativo creció $1 billón.
«Las deudas aumentaron en una proporción muy similar e inclusive los activos disminuyeron un poco», dijo Martínez Flórez según El Colombiano.
Los gastos administrativos pasaron del 7% de los ingresos —antes de la intervención— al límite permitido por la norma. El régimen subsidiado permite hasta el 8% y el contributivo hasta el 10%. Según el gerente, «en vez de haber apretado el cinturón, los gastos administrativos se aumentaron».
La planta de personal también creció. Martínez Flórez estima que se sumaron entre 100 y 120 cargos durante los tres años de intervención estatal.
Al momento de asumir, varias IPS habían limitado servicios. Solo atendían urgencias vitales. Ninguna cerró totalmente, pero la capacidad resolutiva de la EPS se redujo.
En materia legal, la entidad acumuló más de 1.200 desacatos con órdenes de arresto. El nuevo equipo resolvió cerca del 75% en el primer mes, frente al 50% que se venía resolviendo.
Martínez Flórez anunció el inicio de una auditoría forense para determinar el origen del deterioro.
Pulso Global observa: lo ocurrido en Savia Salud es un manual de lo que el aparato estatal produce cuando desplaza a los socios naturales de una entidad. Tres años de intervención burocrática dejaron más deuda, más cargos y menos servicio. El contribuyente antioqueño —y el afiliado del régimen subsidiado— pagan la cuenta. La auditoría forense dirá cuánto costó exactamente ese experimento.
