EL SALVADOR (Pulso) — El patrimonio de Nayib Bukele asciende a 4.466.478 dólares, según su más reciente declaración anual publicada en cumplimiento de la nueva Ley Anticorrupción salvadoreña. La cifra es pública y verificable en la plataforma del Ministerio de Hacienda.
En 2012, cuando inició su carrera política, Bukele declaraba 964.546 dólares. El incremento equivale a un 363%, según un análisis publicado por El País de España que revisó 75 declaraciones patrimoniales de funcionarios del gobierno.
Su salario presidencial ronda los 5.100 dólares mensuales.
Entre su círculo cercano, los registros oficiales muestran cifras llamativas. El secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, pasó de 269.884 dólares en 2019 a más de 2 millones en la actualidad, con un sueldo de 6.000 dólares mensuales. La jefa de Gabinete, Carolina Recinos, subió de 182.945 a 1,3 millones. El presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, pasó de 153.130 a 1,3 millones, con salario actual de 16.500 dólares al mes.
El secretario de Comercio, Miguel Kattán —tío del presidente—, declara un patrimonio bruto de 3,9 millones de dólares, aunque registra un pasivo de 3,1 millones en préstamos.
En 2024, una investigación de Redacción Regional y Focos TV documentó que Bukele y su familia adquirieron 34 propiedades de lujo, fincas cafeteras y cañeras valoradas en 9,2 millones de dólares, a través de empresas familiares que hasta entonces no registraban capacidad financiera para esas compras.
Ninguno de los funcionarios mencionados respondió a las solicitudes de explicación. Bukele tampoco ha emitido declaración pública sobre las cifras.
La periodista Gabriela Cáceres, de El Faro, señaló a SEMANA que «no existen instituciones independientes que permitan disipar esas dudas», y recordó que Bukele «transformó la Corte Suprema y colocó personas afines en espacios clave». No afirmó que haya corrupción probada.
Las preguntas que plantean estos registros son legítimas y merecen respuesta institucional. El problema no es la riqueza en sí: es la ausencia de controles independientes capaces de verificarla. Cuando el aparato estatal encargado de supervisar el patrimonio de los funcionarios responde al mismo poder que supervisa, la transparencia se convierte en ejercicio cosmético. La nueva Ley Anticorrupción publicó los números; falta el organismo autónomo que los audite.
