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Régimen de Ortega habría purgado a 2,000 abogados del registro oficial de la Corte Suprema de Nicaragua

Sin notificación ni proceso disciplinario, profesionales considerados no afines al oficialismo habrían sido eliminados del sistema electrónico que habilita el ejercicio legal en el país.
Imagen ilustrativa
viernes 10 de julio de 2026 · 01:30 UTC

Alrededor de 2,000 abogados habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua. La cifra fue divulgada por el periodista Miguel Mendoza a partir de testimonios de abogados y de una fuente vinculada al sistema judicial, según reportó Artículo 66.

El mecanismo se descubrió en los propios juzgados. El personal de seguridad fotografía al profesional y consulta su estatus en el sistema electrónico de la CSJ. Varios abogados que llegaron a presentar escritos o representar clientes descubrieron así que ya no figuraban como registrados.

Salir de esa base de datos tiene consecuencias inmediatas. Quien no aparece no puede presentar escritos, representar clientes ni realizar actos notariales. El ejercicio profesional queda bloqueado de facto.

Los afectados aseguran que nunca recibieron notificación de cancelación. Tampoco enfrentaron procesos disciplinarios o administrativos previos, según sus propias declaraciones.

Una fuente judicial de identidad reservada confirmó a Mendoza que dentro de la Corte se realizó una «limpieza» de la base de datos. Según esa versión, los eliminados serían profesionales considerados no afines al oficialismo. La purga también habría alcanzado a algunos jueces, según la misma fuente.

Entre los casos mencionados figura el del abogado opositor Rudy Siles, quien, según Mendoza, verificó personalmente que ya no aparecía como profesional autorizado. Abogados en el exilio también habrían constatado la desaparición de sus registros.

Hasta el cierre de esta nota, la CSJ y el Gobierno de Nicaragua no han emitido pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

Pulso Global observa: controlar quién puede ejercer la abogacía es controlar quién puede defenderse ante los tribunales. Si los hechos denunciados se confirman, el aparato estatal habría convertido el registro profesional en instrumento de depuración política. La independencia del foro —abogados, notarios, jueces— es el último dique antes del poder absoluto. Nicaragua lo estaría demoliendo en silencio, base de datos mediante.

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