MÉXICO (Pulso) — La Cámara de Diputados discutirá una reducción de 50 millones de pesos al límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por pago de peajes.
La propuesta está en la Ley de Ingresos de la Federación para 2027. Plantea bajar de 300 a 250 millones de pesos el umbral para acreditar contra el ISR hasta 50 por ciento del gasto en casetas de autopistas de cuota.
Representantes del transporte organizado dijeron que el porcentaje de acreditamiento no cambiaría. Pero advirtieron que la modificación dejaría fuera a empresas que hoy cumplen los requisitos.
También señalaron que el sector ya enfrenta mayores costos de operación. Durante 2026, las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7 por ciento. El precio del diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro.
Ese aumento, de 87 centavos por litro, representa un impacto económico estimado en 39 mil 400 millones de pesos para el sector, según el texto.
Agentes de carga destacaron que el autotransporte de carga representa entre 10 y 25 por ciento del costo total de venta de un producto en México. Por eso, cualquier presión extra puede golpear el precio final que paga el consumidor.
También expusieron que los seguros de mercancías son más caros por robos e inseguridad en carreteras. A eso se suman los gastos de mantenimiento y operación de las unidades.
Además, durante 2025 el sector pagó 49 mil 285 millones de pesos por uso de autopistas y puentes de cuota. Pagó también mil 154.2 millones de pesos por derechos, productos y aprovechamientos federales.
La discusión exhibe otra vez el costo de la maraña fiscal sobre la libre empresa. Cuando el aparato estatal reduce incentivos y mantiene presiones en carreteras, el ajuste no queda en los balances de las transportistas. Llega al consumidor.
El punto de fondo es claro. Si sube el costo de mover mercancías, sube el costo de vivir. En un país con robos, peajes al alza y diésel más caro, el margen para más carga fiscal se estrecha.
