MEXICO (Pulso) — Tijuana, Baja California — Confirmado.
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró este fin de semana que la paz en México es posible si se destina mayor presupuesto al sector de seguridad. Lo dijo en el primer foro regional «Diálogos por la Seguridad», celebrado en Tijuana.
El evento fue organizado por la dirigencia nacional del PRI —Alejandro Moreno y Carolina Viggiano— y por Álvaro Alderete, presidente del partido en Baja California.
Tres datos del diagnóstico presentado en el foro:
- El sueldo promedio de los policías municipales ronda los ocho mil pesos mensuales, según Moreira Valdez. - En algunas ciudades, nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros. - El especialista Alberto Capella señaló que la pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad ocurre en tres etapas: corrupción, cooptación y captura de instituciones.
Los ponentes coincidieron en la necesidad de mejorar las prisiones, elevar salarios policiales y lograr mayor coordinación entre la Federación y los gobiernos locales. También propusieron un Acuerdo de Coordinación Estratégica con Estados Unidos y Canadá.
El exgobernador Miguel Alonso Reyes Bello planteó tipificar el reclutamiento forzado de infantes y atacar las redes financieras del crimen organizado.
Capella advirtió que en Baja California el problema central es la pérdida de gobernabilidad, no solo la violencia. Agregó que en México «están desapareciendo los equilibrios democráticos».
---
El cuadro que describe el PRI es el de un Estado que abandonó sus funciones básicas. Policías mal pagados, municipios sin recursos propios, cárceles obsoletas: el resultado es predecible. Mientras el aparato oficial apostó por la militarización sin reformar las instituciones de base, la inseguridad se instaló como dato estructural. El libre mercado y la inversión productiva no prosperan donde el crimen organizado dicta las reglas. La pregunta no es si México necesita más gasto en seguridad; es si el gobierno actual tiene voluntad de ejecutarlo con transparencia y rendición de cuentas.
