El exgobernador César Pérez Vivas publicó un análisis sobre el cronograma electoral venezolano. Su tesis central: el régimen usa la reforma legal como trampa dilatoria.
Según Pérez Vivas, Jorge Rodríguez impulsa un nuevo Código Electoral. El objetivo, señala, no es fortalecer la democracia. Es ganar tiempo.
La maniobra, según el texto, es precisa. Si se aprueba una nueva ley electoral, entraría en vigor el artículo 298 de la Constitución. Ese artículo prohíbe modificar la ley electoral en los seis meses previos a cualquier elección. Resultado: ningún comicio presidencial en el corto plazo.
Pérez Vivas recuerda que el secretario de Estado Marco Rubio, durante la 50.ª Reunión de CARICOM celebrada el 25 de febrero en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, prometió impulsar «unas elecciones legítimas y transparentes» para conformar «un gobierno legítimo».
El autor invoca el artículo 233 de la Constitución venezolana. Ese artículo establece que, ante la falta absoluta del presidente, deben convocarse elecciones en treinta días. Pérez Vivas argumenta que esa vacante existe desde que Maduro fue extraído del territorio nacional y enfrenta proceso judicial en Estados Unidos.
Rodríguez también propone elecciones regionales y municipales. Pérez Vivas lo interpreta como táctica para dividir a la oposición y desviar la atención de la Presidencia.
Su conclusión es directa: la prioridad no es reformar la Constitución. Es aplicar las leyes vigentes y elegir presidente.
Lectura editorial. El aparato chavista lleva décadas convirtiendo el derecho en obstáculo. La propuesta de un nuevo Código Electoral no es reforma institucional; es burocracia al servicio de la permanencia en el poder. Cada mes de debate legal es un mes más de control discrecional sobre la economía, las finanzas públicas y los tribunales. La presión de Washington —con Rubio como voz visible— es hoy el contrapeso real. Diluirla con mesas de diálogo y reformas interminables sería repetir el ciclo de siempre. El libre mercado, el Estado de derecho y la propiedad privada no se recuperan desde una alcaldía bajo un Estado centralizado. Se recuperan desde la República.
