Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá del año 2013 legalizó la prima de antigüedad en el sector público. Desde entonces, el despido de funcionarios implica el pago de una indemnización adicional.
El problema, según el análisis publicado en La Prensa, es de origen: muchos de esos nombramientos no responden a criterios técnicos ni profesionales. Responden a criterios políticos.
El texto señala que una «enorme cantidad de funcionarios carecen de los méritos, experiencia y calificaciones profesionales necesarias para ocupar sus respectivos cargos». Algunos, según la misma fuente, reciben ingresos «por tareas no realizadas o sin que se presenten a trabajar».
La propuesta que plantea el artículo es concreta: ingreso al servicio público mediante un sistema de méritos con habilidades probadas. Lo que rechaza es una ley general de prima de antigüedad que, a su juicio, «privilegia a quienes no se lo merecen».
El Estado panameño, advierte la fuente, «ni siquiera cuenta con recursos para afrontar esas obligaciones». Las finanzas públicas ya están comprometidas. La prima suma carga sobre carga.
Lectura editorial. El clientelismo tiene precio. Y en Panamá ese precio lo paga el contribuyente dos veces: primero con el salario de quien no trabaja, luego con la indemnización de quien es despedido. Un fallo judicial convirtió el privilegio político en derecho adquirido. Eso es exactamente lo contrario de un Estado eficiente. Mientras el aparato burocrático crezca por lealtades y no por méritos, ningún ajuste fiscal será suficiente. La libre empresa exige reglas claras; el sector público debería exigir lo mismo.
