Confirmado. Panamá reportó un sismo de magnitud 7,7 y cero muertos.
El Gobierno de Panamá informó más de 400 edificaciones dañadas. El balance incluyó 142 viviendas, 188 escuelas, 20 centros de salud, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, 7 hoteles y 9 puentes. También hubo 27 heridos leves y estado de emergencia.
El Servicio Geológico de EE. UU. ubicó el temblor como el décimo tercer gran temblor del año. En paralelo, no se reportaron desaparecidos en territorio panameño.
La comparación regional fue dura. En Colombia, la UNGRD reportó 335 personas fallecidas y 103 desaparecidos tras un sismo de magnitud 7,4. En Venezuela, los temblores del 24 de junio dejaron más de 6.500 muertos.
Expertos citados por medios internacionales apuntaron a varios factores. Uno fue la ubicación del epicentro en una zona rural, con 24 habitantes por km². Otro fue el subsuelo rocoso firme en Panamá, que amortiguó el movimiento.
La normativa también pesó. Panamá cuenta con el Reglamento para el Diseño Estructural Panameño. Esa norma exige sensores de monitoreo sísmico en edificios que superen los 15 pisos o los 5.000 metros cuadrados.
El contraste deja una lección incómoda para la región: la vida humana depende también de reglas claras, suelo adecuado y obras bien diseñadas. Cuando el orden urbanístico y la prevención fallan, el costo lo pagan los ciudadanos y el dinero público.
Panamá muestra que la preparación no es un lujo burocrático. Es protección concreta frente al desastre. Y también una defensa de la propiedad, la infraestructura y la libertad de trabajar sin que el Estado llegue tarde.
