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ONG piden a Argentina mantener abierta la causa contra funcionarios venezolanos

Siete organizaciones presentaron un amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal. Buscan que las inmunidades no frenen la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
sábado 10 de octubre de 2026 · 22:39 UTC

Siete organizaciones de derechos humanos pidieron a la justicia argentina que siga una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La presentación fue ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El escrito llegó como amicus curiae. Fue presentado dos días después de una audiencia del 7 de octubre. Las ONG sostienen que las inmunidades de funcionarios extranjeros no deben frenar delitos internacionales.

Las organizaciones firmantes son Redress, Legal Action Worldwide, Partners in Justice International, Cejil, la Fundación para el Debido Proceso, Alerta Venezuela y FIDH. También dijeron que el rango militar de los señalados no les da inmunidad personal.

El debate se centra en la inmunidad funcional. Esa protección se vincula con actos hechos en ejercicio de un cargo oficial. Las ONG sostienen que esa cobertura no debe aplicar en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Para respaldar su postura, el escrito cita antecedentes de Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia. También menciona una decisión del máximo tribunal francés de julio de 2025. Allí se reconoció una práctica estatal favorable a excluir la inmunidad funcional en estos casos.

El documento además cita la causa por presuntos crímenes contra la población rohinyá en Myanmar. En febrero de 2025, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de veinte funcionarios civiles y militares de ese país.

Las organizaciones afirman que Argentina tiene obligaciones internacionales de investigar delitos graves. Piden que la Casación concluya que las inmunidades personales y funcionales no impiden seguir el proceso.

La señal es clara. Si la justicia avanza, gana la rendición de cuentas. Si se impone la inmunidad, pierde la víctima y gana la impunidad burocrática.

También está en juego el alcance de la jurisdicción universal. Esa herramienta importa cuando los hechos graves quedan lejos del país. Sin justicia efectiva, el aparato estatal deja de servir a las víctimas y protege al poder.

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