Fernández Noroña llamó a levantarse en todo el país. Lo hizo, según la columna de Guerra en El Financiero, sin que exista ningún señalamiento formal contra el expresidente López Obrador.
El detonante real, según el análisis, es otro. La liberación del general Gerardo Mérida —quien, según la fuente, «posee información de cómo operan en México los cárteles y cómo se da la alianza con autoridades»— habría encendido las alarmas en el entorno del exmandatario.
La visa retirada al hijo de AMLO, Andy, habría sido conocida desde mayo, «cuando no pudo pasar a Houston», según columnistas citados en la fuente. La carta pública llegó meses después. El timing no es casual, sostiene la columna.
Sheinbaum defendió las medidas de Washington como actos de cariz político por tratarse del hijo de AMLO. Para Guerra, esa postura «no ayuda a un mejor diálogo con el Departamento de Estado ni con el secretario Marco Rubio».
La presidenta, describe la fuente, opera en dos frentes simultáneos. Washington la felicita por el combate al narcotráfico y la colaboración en seguridad. Pero también le exige extradiciones pendientes. México no las ha ejecutado. Esa brecha genera las presiones en aranceles, migración y seguridad fronteriza.
En paralelo, el secretario Harfuch regresó de Argentina con avances en la extradición del contralmirante Farías Laguna, según la columna. El caso del llamado «huachicol fiscal» —contrabando de combustible con redes de barcos, puertos, aduanas y lavado de dinero— apunta, según la fuente, a una operación que «requería no solo de barcos y puertos, sino también de aduanas, pipas, logística de distribución nacional».
El cierre más perturbador: las «listas» difundidas por Luisa Alcalde, abogada de Sheinbaum, que expusieron medios y periodistas críticos del gobierno. La columna lo llama «poner una diana en la espalda de los periodistas» en un país donde, según la fuente, se mata a más reporteros que en zonas de guerra.
Pulso Global lo lee así: el aparato estatal mexicano usa el lenguaje de la soberanía para proteger intereses que nada tienen que ver con ella. Mientras Sheinbaum negocia con Washington en privado, el oficialismo calienta la calle. El costo lo pagan los contribuyentes, los periodistas y el estado de derecho.
